El Colegio de Abogados ratifica la acusación a la Fiscalía por revelar secretos del novio de Ayuso

El Colegio de la Abogacía de Madrid ha ratificado este viernes su querella contra la Fiscalía por supuesta revelación de secretos sobre la investigación por presunto fraude a Hacienda al empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Al acto de ratificación se han personado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el decano y el director de los Servicios Jurídicos del Colegio, Eugenio Ribón e Ignacio de Luis, respectivamente.

La querella se presentó por el comunicado difundido por la Fiscalía que aclaraba algunos aspectos de un acuerdo que ofreció el abogado de Alberto González Amador al fiscal para reconocer dos delitos fiscales que finalmente las partes no llegaron a cerrar.

Alberto González Amador ya ratificó el miércoles pasado en el TSJM la querella que presentó igualmente por revelación de secretos contra el fiscal que le investiga, Julián Salto, y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez.

En declaraciones a los periodistas a su llegada al TSJM, Eugenio Ribón ha aclarado que "el Colegio no identifica ningún querellado en concreto porque lo que se pide precisamente es la identificación de aquel que hubiera podido resultar responsable de los hechos que se están denunciando".

No obstante, ha manifestado que un juez de instrucción de Madrid "ya apreció unos indicios racionales de delito a la hora de admitir" la denuncia del Colegio antes de elevarla al TSJM y "hay un auto motivado" de este tribunal "en el que se corroboran". "Por lo tanto estamos en la fase de instrucción correspondiente procesalmente para identificar si existe o no ya algo más que esos indicios racionales", ha añadido.

Ribón ha sido preguntado si cree que al haber asumido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en última instancia la responsabilidad de dicha nota, este caso debería derivarse al Tribunal Supremo.

Al respecto, ha informado de que "dentro de las diligencias que se han acordado por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid está precisamente un oficio dirigido a la propia Fiscalía para que identifique quién es el último responsable de la toma de decisión de la publicación de la nota controvertida". "Y si a resultas de las diligencias se identifica al fiscal general del Estado como último responsable procesalmente corresponderá dar traslado al Tribunal Supremo" de las actuaciones, ha apuntado.

Eugenio Ribón ha explicado que el Colegio está personado como acusación popular "porque dentro de sus estatutos tiene como misión la salvaguarda no solo de los valores constitucionales y de la legalidad del proceso sino también la defensa del secreto profesional, que es una piedra angular para las garantías de todos los ciudadanos".

"La responsabilidad de la institución es asegurar el régimen de confidencialidad en las conversaciones que los abogados puedan mantener con cualquier fiscal cuando se esté negociando una conformidad sea en este caso o en cualquier otro", ha recalcado.

Y ha precisado: "Lo intrascendente es el caso concreto, para nosotros como corporación lo esencial es la quiebra de la confianza y la ruptura del sigilo y del deber de reserva de la Fiscalía".

"A la Fiscalía no le atribuimos ninguna intencionalidad, nosotros lo que denunciamos son los hechos concretos y lo que procuramos es que no se repita esto en un futuro y que desde luego se depuren las responsabilidades", ha concluido.

La Fiscalía pidió el miércoles el archivo de la querella de Alberto González Amador en un escrito en el que critica que el magistrado instructor del TSJM haya aceptado "de manera acrítica" todas las pruebas que solicita "dando carta de naturaleza" a su versión, y al considerar que el caso de basa en "simples sospechas".Añade que lo que hizo la Fiscalía de Madrid con su comunicado fue proporcionar "información veraz a la opinión pública" tras los "bulos" publicados por algunos medios de comunicación.