En 2022 se registraron en España más de 20.000 denuncias de desapariciones

La Fundación QSDglobal ha pedido este viernes que el Congreso de los Diputados inicie los trámites para aprobar una ley que desarrolle el estatuto de las personas desaparecidas que regule sus derechos y los de sus familiares para evitar el vacío normativo y que estos tengan que sufrir un doble dolor por trámites burocráticos.

Así lo han anunciado el presidente y el vicepresidente de la Fundación, José Antonio Lorente y Paco Lobatón, respectivamente, en una rueda de prensa en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha acogido la entrega de la séptima edición de los premios 9 de marzo, día de las personas desaparecidas sin causa aparente.

Para reflejar la dimensión del problema el secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares, ha recordado que según el informe del Centro Nacional de Desaparecidos en 2022 se registraron más de 20.000 denuncias de desapariciones, más de 50 de media al día, aunque muchas luego se esclarecen.

No obstante Paco Lobatón ha añadido que según datos del citado órgano en la actualidad siguen abiertos, sin estar resueltos, más de cinco mil casos de desaparecidos sin causa aparente "y algunos vienen de largo, incluso de 1988".Paco Lobatón ha explicado que la Fundación ya ha elaborado un borrador de cara a una norma legal que está en manos del Centro Nacional de Desaparecidos y "el siguiente paso debe ser la aprobación de una ley específica en el Parlamento".

"Nuestra demanda es que no se demore el proceso legislativo", ha insistido Lobatón, que ha señalado que la nueva ley permitiría evitar sufrimientos que padecen actualmente los familiares de desaparecidos que se ven obligados a declararles fallecidos para llevar a cabo ciertos trámites o que tienen que ver como se archivan sus casos en los juzgados, "lo que es como decretar el olvido, un dolor añadido".

En este sentido ha estimado que la ley debería recoger la figura del "desaparecido no retornado" porque "si no hay evidencia de muerte hay esperanza de vida".

Además ha considerado que la nueva norma debería suprimir la obligación de los familiares de publicar dichas situaciones en los boletines oficiales lo que en ocasiones les supone gastos que superan los 1.500 euros, "es decir, que se convierte en una multa indecente a unas personas que sufren una tragedia sobrevenida".

la Fundación ha activado con ocasión del acto una aplicación móvil APP, la primera destinada para asistencia y acompañamiento a familiares de desaparecidos.