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Duras críticas del sector inmobiliario a las últimas medidas aprobadas en Cataluña sobre vivienda. Creen que en lugar de favorecer y bajar el precio de alquiler de los pisos, los subirá. Dicen que "es otro ataque a la propiedad privada" y tienen "serias dudas sobre su legalidad".

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El Govern ha aprobado este martes iniciar el proceso de expropiación de pisos vacíos propiedad de grandes tenedores en 14 municipios catalanes para destinarlos al alquiler social.

En unos días el gobierno catalán enviará cartas a los propietarios de hasta 5 viviendas vacías. Empezarán por 14 municipios de Tarragona para que las pongan en alquiler social, sino lo hacen, en un mes amenazan con expropiarles.

En total se han identificado 189 viviendas vacías en los 14 municipios que cumplían con los requisitos. Los municipios donde el Govern prevé iniciar esta política de expropiación son Cornellà de Llobregat, Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Roda de Berà, Rubí, Salt, Tarragona, Valls, Vic, Viladecans y Vilanova i la Geltrú.

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Desde el sector recuerdan que estas medidas son semejantes a las que ya se probaron en Baleares con pésimo resultado. Afirman que la inseguridad que producen generarán un efecto contrario al deseado y que el tope al alquiler y el resto de medidas que se aplican en Cataluña es ya responsable que se prefiera vender y no alquilar.

Si esta medida se pone en marcha finalmente se conseguirá espantar las inversiones y aumentar las demandas judiciales. En el sector se preguntan por qué la apuesta por penalizar y perseguir en lugar de incentivar el alquiler.