El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "apropiación indebida" del proceso de estabilización de 67.300 profesionales sanitarios, cuando, ha señalado, el Ejecutivo se ha adaptado a una orden que llegó de la Unión Europea y las comunidades autónomas han afianzado los procesos de estabilización.
El Gobierno ha aprobado este martes la reforma del estatuto marco del personal sanitario que elimina la figura de eventual, aunque las administraciones podrán seguir haciendo contratos temporales de un máximo de tres años en algunos supuestos, y crea la del sustituto para vacaciones o para complementar jornadas reducidas.
La reforma, impulsada por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, negociada hasta el último momento con los sindicatos y consensuada hace dos semanas con las comunidades en el Consejo Interterritorial, da cumplimiento a la normativa aprobada por el Gobierno el año pasado para reducir la temporalidad en el sector público por debajo del 8 % antes de 2025.
El objetivo de la Comunidad de Madrid es llegar al año 2024 con una fijeza del 83%, un porcentaje que en la actualidad se sitúa en el 55%, ha explicado Ruiz Escudero durante una visita al Hospital Universitario Infanta Leonor para conocer un proyecto pionero que permite el seguimiento remoto de los pacientes ingresados a cargo de su Unidad de Hospitalización a Domicilio.
El consejero ha precisado se ofertarán más de 9.000 plazas, por la ley 20/2021, de reducción de la temporalidad en el empleo público, a través de un concurso de méritos, un proceso que habrá que finalizar antes de diciembre de este año, y otras 23.000 plazas corresponderán a Ofertas de Empleo Público, que tendrán que estar concluidas a principios de 2024.
Esta es "una línea de trabajo que hemos llevado desde hace tiempo" con el objetivo de "dar una mayor continuidad a los profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)", ha subrayado.
Ruiz Escudero ha censurado que ahora el presidente del Gobierno aparezca con "esa apropiación indebida" del proceso de estabilización de 67.300 profesionales sanitarios, cuando "realmente lo que ha ocurrido es que hemos aplicado esa directiva europea las comunidades autónomas y ahora tenía que cumplir el Gobierno con su misión de darnos esa capacidad legislativa para hacerlo".