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España ha comprometido con la Unión Europea un plan de ajuste fiscal estructural a medio plazo, que pasa por fijar el crecimiento del gasto primario neto promedio en el 3% en un horizonte a siete años, en cumplimiento con las nuevas reglas fiscales de la UE.

"Este gasto es el que vamos a tener o del que tenemos una referencia hacia adelante y el que vamos a tener de manera transparente que ir cumpliendo año a año para estar en línea con las reglas fiscales", ha explicado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Aunque, por defecto, los planes de ajuste se elaboran a cuatro años, los Estados miembro de la UE pueden solicitar una extensión del período de ajuste fiscal de cuatro años a un máximo de siete años, si llevan a cabo ciertas reformas e inversiones que mejoren la resiliencia y el potencial de crecimiento y apoyen la sostenibilidad fiscal y aborden las prioridades comunes.

El Gobierno español se ha decantado por extender el horizonte de ajuste a siete años, con un plan a medio plazo que viene acompañado de un programa de reformas e inversiones, que incluye medidas fiscales, de transición ecológica, de transformación digital y de capital físico y humano.

La trayectoria debe garantizar que, al final del período de ajuste, la deuda pública se halle en una senda descendente plausible, o se mantenga en niveles prudentes por debajo del 60% del PIB a medio plazo, y que los déficits no superen el umbral del 3% del PIB y también mantengan ese comportamiento a medio plazo.

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Según el Gobierno, el cumplimiento con la regla de gasto planteada en su plan de ajuste garantiza la continuidad de la estrategia de responsabilidad fiscal. Las perspectivas del Gobierno sitúan el déficit público en una senda descendente, pasando del 3% del PIB en 2024, al 2,5% en 2025 y al 2,1% en 2026. De acuerdo con las proyecciones más a largo plazo, el déficit se situará en el 0,8% del PIB en 2031.

En cuanto a la deuda, el Gobierno prevé que la ratio sobre el PIB baje del 102,5% en 2024, al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles "prudentes" del 60% planteado por Bruselas.