Facua convoca concentraciones en toda España contra el “tarifazo” eléctrico

Facua-Consumidores en Acción ha convocado concentraciones en todas las capitales de provincia este jueves para reclamar al Gobierno medidas contra lo que definió como “tarifazo eléctrico”.

En su ‘Manifiesto contra el tarifazo eléctrico’, la organización hace un llamamiento a los consumidores y a otras organizaciones de la sociedad civil para que se sumen a las concentraciones convocadas en protesta por el alza del precio de la luz y a través de las cuales reclamará al Gobierno central una serie de medidas para “proteger” los derechos de los usuarios frente a lo que considera un “abuso” por parte del sector eléctrico.

La factura de la luz de un usuario medio se ha encarecido un 34,6% en la primera quincena de julio con respecto al mismo mes del año pasado, según datos de Facua-Consumidores en Acción.

Según estimaciones de la asociación de consumidores sobre la evolución de la tarifa semirregulada (PVPC), de seguir así las tarifas, la factura mensual se situaría en 84,35 euros, un importe del recibo aún más elevado que el de junio, cuando fue de 81,27 euros. Así, con las tarifas de los quince primeros días de este mes, el usuario medio pagará 21,68 euros más que en julio de 2020, cuando la factura se situó en 62,67 euros y eso pese a que la bajada del IVA al 10% hasta diciembre ha amortiguado la subida en 8,44 euros.

“Hacer frente a la pobreza energética de una manera eficaz y garantizar el acceso al suministro eléctrico a unos precios razonables debe ser prioritario para este Gobierno y una obligación de servicio público para las empresas eléctricas”, espetó la asociación, que recordó que el suministro eléctrico "no puede seguir siendo una mercancía más, sujeta a los movimientos especulativos de los mercados”.

Así, con el fin de “evitar los abusos en el sector eléctrico y garantizar la accesibilidad a un suministro básico”, reclamó el final de los “abusos” tarifarios y la reforma del sistema de fijación de precios en el mercado mayorista, de manera que determinadas tecnologías de generación eléctrica salgan de la subasta diaria y se sometan a un sistema de precios máximos fijados por el Gobierno.

Junto a ello, exige la puesta en marcha de un nuevo bono social que represente un descuento de al menos el 50% de la factura y al que puedan acogerse las familias cuyos ingresos no superen dos salarios mínimos, que se elevarían hasta tres en función del número de hijos, personas con discapacidad, con dependencia o mayores de 65 años que integren el núcleo familiar.

También demanda la bajada del IVA “con carácter permanente” y la creación de una empresa pública de energía que permita al Estado fijar “precios justos” que contribuyan a reducir la factura de la luz además de la prohibición de los cortes de suministro por razones económicas a los consumidores vulnerables y la articulación de un procedimiento coordinado mediante el cual, a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas y ayudas y prestaciones sociales del ámbito local se les garantice el acceso a suministros básicos como la luz.

Junto a ello, aboga por realizar una auditoría al sistema eléctrico para determinar si las empresas “inflaron” los precios tras la liberalización del sector así como por establecer un mayor control de las ofertas “fraudulentas”, una bajada “sustancial” del término de potencia contratada y una “reestructuración” de los tramos horarios adelantando a las 22.00 horas el inicio del horario valle de lunes a viernes no festivos.