Vídeo: Redacción Agencias | Foto:Telemadrid
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La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto una investigación a los Mossos d'Esquadra por no impedir los cortes y levantamiento de barreras de varias vías de peaje durante el pasado puente de la Constitución por parte de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR).

En un decreto, el Fiscal Superior de Cataluña, Francisco Bañeres, advierte de que, de confirmarse la "ausencia de conminación" por parte de los agentes para disuadir a los CDR de su conducta o la "lenidad en exigir el restablecimiento del orden y la restitución del derecho de los ciudadanos afectados", la actuación de los Mossos podría "dar lugar a responsabilidad", por lo que ordena la apertura de diligencias de investigación.

ARTADI DICE QUE EL GOVERN GARANTIZARÁ EL 21D LA SEGURIDAD Y EL DERECHO DE PROTESTA

La consellera de Presidencia del Gobierno catalán, Elsa Artadi, ha remarcado hoy que el Govern garantizará, con efectivos de Mossos d'Esquadra, tanto la seguridad como el derecho a las protestas.

En la rueda de prensa posterior a reunión del Govern, Artadi ha afirmado que, en el momento de su comparecencia, no tenía ninguna "comunicación oficial" de la celebración de ese Consejo de Ministros el día 21, de la que solo tiene conocimiento, según ha dicho, por la prensa. "No sabemos ni dónde se va a celebrar", ha admitido la consellera, que ha resaltado que esto impide que puedan estar ya trabajando "en un dispositivo" de seguridad.

Artadi ha manifestado la "convicción" del Govern de que el cuerpo de los Mossos d'Esquadra va a poder garantizar la seguridad, rechazando así que deban acudir a Barcelona efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha ratificado la reunión del Consejo de Ministros del próximo 21 de diciembre se celebrará en Barcelona, pese al incremento de la tensión con la Generalitat de Cataluña tras los incidentes del fin de semana. Fuentes de Moncloa han ratificado que "no hay dudas" de que la reunión del gabinete de Pedro Sánchez tendrá lugar en Barcelona como estaba previsto. El Gobierno lo ha confirmado después de que en un desayuno informativo de El Economista el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dejara inicialmente abierta la puerta a su suspensión.

EL GOBIERNO ADVIERTE A LA GENERALITAT DE LA INTERVENCIÓN DE POLICÍA Y GUARDIA CIVIL

El Gobierno ha remitido tres cartas a la Generalitat de Cataluña alertándole de su inacción ante la actuaciones de los autollamados Comités para la Defensa de la República durante este fin de semana en Cataluña y advierte de que "se ordenará la intervención" de Policía y Guardia Civil si no actúa.

En concreto, así lo avisa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la misiva que -fechada este lunes- le envía al consejero de Interior, Miquel Buch. En ella, según la carta facilitada por Moncloa, le recuerda su "condición de superior responsable" del Cuerpo de los Mossos, y cuyo "mando supremo ostenta", para que informe de las medidas que se adoptaron "a fin de evitar que se produjeran sucesos" como los de este fin de semana y de los "que ya existían precedentes". Le recuerda también la "misión" de "proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "bajo la dependencia del Gobierno de la Nación, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas".

Así, concluye en su escrito que, "ante acontecimientos que suponen tan graves alteraciones del orden público y de la seguridad ciudadana", como los de los últimos días, se "dicten las "instrucciones necesarias" para que los Mossos ejerzan sus "funciones". "En caso contrario", advierte Marlaska, "por exigencia de la superior responsabilidad en el mantenimiento de la preservación del libre ejercicio de derechos y libertades y del mantenimiento de seguridad ciudadana que corresponde al gobierno, se ordenará la intervención de las FCSE cuando preceda y en término de proporcionalidad y necesidad".

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, remitió un escrito a Damiá Calvet, consejero de Territorio y Sostenibilidad, en la que en cuatro párrafos le traslada el "profundo malestar" por los altercados en los peajes de las autopistas estatales AP-7 y AP-2.Lamenta lo ocurrido, dice Ábalos, porque "daña la imagen tanto de España como la de la comunidad autónoma de Cataluña" y de las "instituciones que las representas".

Pero de mayor rango institucional es la carta que la vicepresidenta Carmen Calvo al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la que reclama al Govern explicaciones por la ausencia de órdenes a los Mossos en los incidentes de los CDR. Tras trasladarle su "inquietud" por lo ocurrido, Calvo le dice que "aparentemente ha existido una dejación de funciones que tiene atribuidas ese gobierno, con consecuencias tanto de carácter económico y social como para la seguridad pública". Le pide que aclare lo ocurrido, después de recordarle que es "obligación" del Ejecutivo "evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido".

Desde el Gobierno se ha lanzado a la Generalitat la advertencia de que están estudiando medidas que se puedan aplicar en el caso de que se materialice la espiral verbal más violenta de los últimos días. Aunque fuentes socialistas y gubernamentales consultadas por Servimedia no precisaron qué medidas están estudiando los servicios jurídicos, sí coincidieron en que ahora se trata más de una advertencia que de una intención clara de aplicar ninguna decisión política que ponga en riesgo la política de apaciguamiento y cercanía que se puso en marcha con la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa.

La portavoz catalana Elsa Artadi ha asegurado que el Govern ha acogido con "sorpresa" las cartas enviadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que responderán que los Mossos d'Esquadra actúan solo por criterios "técnicos", y le ha pedido que no se "vuelva a equivocar con el 155".

EL 18 DE DICIEMBRE SE INICIA EL JUICIO DEL PROCESS

En medio de este panorama, ell Tribunal Supremo ha marcado hoy una fecha clave en su calendario: el 18 de diciembre. Ese será el día en el que se discuta si debe o no juzgar por rebelión a Oriol Junqueras y a otros 17 acusados en el "procés", pero sobre todo será el último paso antes de enfilar el juicio más importante del próximo año. Eso siempre y cuando no estime la pretensión de los acusados, que sostienen que debe ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y no el Supremo quien les siente en el banquillo.

Para muchos el próximo 18 de diciembre representa el inicio de facto del juicio del "procés". Aunque con una diferencia clave: en el banquillo no estarán los acusados, que a día de hoy no han solicitado asistir y, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, no se prevé que acudan. Por lo demás, la vista de previo pronunciamiento (el equivalente a las cuestiones previas) supone el pistoletazo de salida de un juicio en el que se dirimirá si lo que pasó el 20 y 21 de septiembre y el 1-O del año pasado fue o no rebelión.

La CUP y el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) han anunciado una campaña que tiene como finalidad conseguir que Cataluña quede paralizada con movilizaciones a partir del primer día del juicio a los líderes independentistas por el caso "procés". Según el diputado de la CUP Carles Riera, las movilizaciones que se puedan convocar el viernes 21, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, "pueden ser un buen prólogo porque esta reunión es una provocación" aunque no serán las mismas que la CUP prevé en su campaña de cara al juicio.

EL PP Y CS PIDEN A SÁNCHEZ QUE ACTIVE EL ARTÍCULO 155

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha exigido hoy al Ejecutivo que envíe ya al presidente de la Generalitat, Quim Torra, el requerimiento previo a la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, que "rompa" con los independentistas y que convoque elecciones generales."Que se deje de cartas y que envíe el requerimiento previo a Torra, agitador número uno de la kale borroka" en Cataluña, ha dicho Motserrat, criticando así las misivas con las que el Gobierno advirtió ayer a la Generalitat de que ordenará la "intervención" de las fuerzas de seguridad del Estado si los Mossos no ejercen su función.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, forzará la próxima semana una votación en el Congreso de los Diputados sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, con la pretensión de que el Parlamento pida al Gobierno esa respuesta a la Generalitat.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha defendido que el Gobierno "recuerde a la Generalitat sus obligaciones" a la hora de garantizar la seguridad ciudadana, pero no ve motivo para aplicar el 155 de nuevo ni intervenir los Mossos .

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ido más allá y ha presentado en el Tribunal Supremo una querella por "conspiración para la rebelión" contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y solicita "su detención inmediata, su puesta a disposición judicial y la prisión preventiva" como medida preventiva. "No se puede permitir que esté en libertad alguien que amenaza con un levantamiento armado y que está al mando de la Policía. La vía eslovena causó una guerra, 62 muertos y centenares de heridos. Exigimos que Torra ingrese inmediatamente en prisión por proponer esa vía", indica el líder de Vox.

Vox esgrime el artículo 477 del Código Penal para argumentar en su querella que la denominada vía eslovena no es más que "un llamamiento a la rebelión violenta contra el Estado, tal como ocurrió en el mencionado país centroeuropeo en el que se vivió una guerra de diez días que acabó con alrededor de 150 personas muertas".