La Marea de Residencias se concentra ante los juzgados de Plaza de Castilla
Miembros de la Marea de Residencias, se han concentrado, este martes, para apoyar a los familiares de residentes que declaran por las querellas admitidas a trámite en el Juzgado número 50 de Madrid por presuntos delitos de homicidio imprudente, entre otros, durante la primera etapa de la pandemia en la residencia de ancianos Amavir Ciudad Lineal.
Una de las portavoces de la asociación Marea de Residencias, María Jesús Valero, ha dicho que se sienten “contentos” porque “se van investigando, admitiendo y reconociendo” lo que la asociación tacha como una “falta de derechos sociales” y los “tropelías” que cometieron en la residencia.
Marea de Residencias engloba a cientos de familiares que se han querellado en diferentes juzgados contra responsables de residencias por presunto homicidio imprudente,
Seis familiares de otros tantos fallecidos en la residencia Amavir Ciudad Lineal de Madrid al inicio de la pandemia de coronavirus han relatado al juez que investiga la responsabilidad del centro cómo en algunos casos trataron de llevar a sus allegados a un hospital pero no les dejaron e incluso les amenazaron con denunciarles.
Sexta denuncia de la Fiscalía
La Fiscalía de Madrid ha interpuesto su sexta denuncia contra responsables de residencias de ancianos por su gestión en la pandemia de coronavirus, en concreto contra la responsable y la auxiliar de un centro de la localidad de Pozuelo de Alarcón a las que imputa cuatro homicidios imprudentes en un centro en condiciones "deplorables".
Según ha informado el Ministerio Público, la denuncia se interpone por cuatro delitos de homicidio imprudente, otros cuatro de omisión del deber de socorro y un delito continuado de trato degradante, ya que cuando se trasladó allí el equipo sanitario, durante los primeros días de la pandemia, encontró a los residentes “abandonados” y en unas condiciones de higiene y atención “deplorables”.
El centro, privado, tenía como responsable de forma habitual a una enfermera que estuvo de baja desde el inicio de la crisis y, por tanto, la responsabilidad pasó a manos de otra trabajadora, ahora denunciada. La residencia disponía supuestamente de un servicio sanitario prestado los martes y jueves que estaba formado por un médico y una enfermera, explica la Fiscalía.
Pero el 20 de marzo de 2020 el doctor causó baja por posible contagio por covid y la enfermera se sumó también por ser personal de riesgo, por lo que el centro se quedó sin equipo sanitario y tuvo que asumir el control la auxiliar encargada “con pleno conocimiento de la titular de la residencia”, relata la Fiscalía.
A pesar de que, al menos desde el 23 de marzo, la residencia contaba con casos sospechosos de contagio por covid, la denuncia sostiene que “en todo ese periodo no se informó a los responsables de la Consejería de Sanidad de ningún usuario con sintomatología”.
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