Los Franco, a 48 horas de devolver el Pazo de Meirás

Quedan 48 horas para que los Franco entreguen al estado las llaves del Pazo de Meirás. Acaba el plazo dado por la jueza para que la finca situada en el municipio coruñés de Sada pase a ser patrimonio público 82 años después de ser entregada al dictador. Según el inventario ordenado por la justicia, la residencia veraniega de Franco sumaría casi 700 bienes, entre ellos colecciones reales. La familia ha señalado que entregará la posesión, pero seguirá peleando en los tribunales.

La devolución es el resultado de la ejecución provisional de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que condenó a la familia a su devolución. Se trata en todo caso de una decisión provisional a la espera de que se dicte una sentencia definitiva, lo que tendrá lugar una vez que se agoten todos los recursos judiciales posibles.

Biblioteca de Pardo Bazán

Entre los bienes inventariados se encuentran desde las estatuas del Mestre Mateo hasta retablos de la Virgen, 3.000 volúmenes de la biblioteca de la escritora Emilia Pardo Bazán y numerosas piezas de valor artístico e histórico, así como mobiliario de la familia real, según recoge, a su vez, en su informe, Patrimonio Nacional.

A la entrega del inmueble, fijada para las 11:00 del jueves 10, le han precedido numerosas protestas de entidades sociales y organizaciones políticas en demanda de una devolución calificada de "histórica" y de escritos judiciales de una parte y de la otra, desde que el pasado 2 de septiembre el juzgado coruñés estimó la demanda interpuesta por el Estado y lo declaró propietario del pazo de Meirás.

Una donación "simulada"

El fallo condenó además a los herederos del dictador a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirmaba haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad. En concreto, la magistrada Marta Canales declaró en la sentencia la nulidad de la donación efectuada en 1938 de "la finca denominada Torres o pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma".

En su fallo, sostiene que esa donación no se hace a Franco a título personal, como argumentaron los letrados de la familia, "sino al jefe del Estado". Además, concluyó que la compraventa de mayo de 1941 fue una "simulación" con lo que determina la nulidad de la misma, al tiempo que también declaró nula la donación que se recoge en una escritura de noviembre de 1982.

En su último auto, del 4 de diciembre, la jueza nombra al Estado, como éste había solicitado, depositario de los bienes.