El Gobierno aprueba la Ley de Memoria Democrática, que amplía la de Zapatero

Era el proyecto estrella de la exvicepresidenta Carmen Calvo, y este martes ve la luz con ella ya fuera de La Moncloa. El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva Ley de Memoria Democrática. Una nueva norma que abarca desde el reconocimiento y la protección de las víctimas de la dictadura, la anulación de los juicios del franquismo o la creación de un banco de ADN para facilitar la identificación de los desaparecidos en la dictadura.

Igual que en Europa

Una nueva norma que tiene a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura como eje de la "acción política" del Gobierno y que según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, homologa la legislación española al del resto de países europeos. Con esta ley, el Ejecutivo pretende mejorar y ampliar la actual Ley de Memoria Histórica aprobada con Zapatero.

En su primera intervención en una rueda de prensa tras la reunión del remodelado Gabinete de Pedro Sánchez, Bolaños ha puesto énfasis en que la nueva ley, heredera de la Ley de Memoria Histórica de 2007, cumple con los cuatro principios fundamentales que postulan los organismos internacionales en materia de memoria histórica: verdad, justicia, reparación y deber de memoria.

Resignificar el Valle de los Caídos

Para ello, contempla un amplio catálogo de medidas ya recogidas en el anteproyecto que recibió el visto bueno del Ejecutivo el 15 de septiembre y que "ha mejorado", según ha garantizado, tras recoger sugerencias procedentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal y del movimiento memorialista.

Ha citado el ministro las más significativas, entre ellas la obligación del Estado de acometer las labores para la recuperación de los restos de los desaparecidos, la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para resignificar el enclave o la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo.

Ha apuntado Bolaños que la activación de esta Fiscalía no quita las limitaciones que siguen vigentes respecto a la no retroactividad de las normas penales, al tiempo que ha confiado en que durante su tramitación parlamentaria la ley recabe el mayor apoyo posible.

El PP propone una Ley de Concordia

Frente a esa ley de memoria, el PP propone una Ley de Concordia y pide al Gobierno que no mire al pasado y divida a los españoles. Mientras los socios de gobierno como ERC o los comunes ven insuficiente el proyecto de ley.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado este martes que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez esté centrado en "mirar atrás" con la Ley de Memoria Democrática y no se ocupe de los "muchos problemas" que tienen en el momento presente los españoles.

"Lo que España necesita no es un Gobierno que esté mirando al pasado y que busque enfrentar y dividir españoles, reescribir la historia, sino que necesitamos un Gobierno que dé soluciones a los problemas reales que tenemos los españoles", ha declarado Gamarra tras reunirse en el Congreso junto al presidente del PP, Pablo Casado, con los sindicatos de Cuerpo Nacional de Policía y asociaciones de la Guardia Civil.

Gamarra ha asegurado que es "necesario mirar hacia adelante" y ha añadido que por eso el PP apuesta por una Ley de Concordia cuando llegue al Gobierno, como anunció este lunes Casado desde Ávila y que van a registrar también en la Cámara Baja. El presidente del PP confirmó este lunes que si llega a Moncloa sustituirá esa Ley de Memoria por una Ley de Concordia.

Independentistas en contra

Por su parte, los independentistas catalanes ven muy insuficiente el proyecto de ley de memoria. Los portavoces de ERC y CUP en el Congreso han manifestado que les parece "muy insuficiente" el proyecto de ley de Memoria Democrática, el cual no apoyarán salvo que se den modificaciones sustanciales en su tramitación parlamentaria, ya que ni siquiera considera ilegal al régimen franquista.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha señalado en una rueda de prensa que su posición es "muy contraria" al texto que remite el Gobierno a las Cortes y que "ahora mismo" su partido no puede darle aval, salvo a favorecer su tramitación parlamentaria con el objetivo de que continúe el debate y se puedan aportar propuestas.

Rufián reconoce "el paso adelante" que el proyecto de ley representa respecto a la Ley de Memoria Histórica, que no fue apoyada por ERC, por lo que cree que el tiempo les ha dado "la razón", ya que los partidos de gobierno han entendido que tenían que ir más allá de esa ley de hace catorce años.