El Gobierno ha decidido aplazar al próximo viernes la aprobación del plan de 11.000 millones en ayudas para las empresas y autónomos que el presidente, Pedro Sánchez, anunció hace dos semanas y en el que seguía “trabajando" en la tarde de ayer para que fuera a la reunión del Consejo de Ministros de este martes.
Fuentes gubernamentales confirmaron a última hora del lunes que será en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el próximo viernes cuando se aprobará ese plan, después de haber pasado ya por la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios de Estado que prepara el Consejo de Ministros el pasado jueves y la posterior reunión de los viernes de los ministros del área en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
En este decreto de ayudas se incluirá también un mecanismo para reestructuraciones de deudas asociadas a los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Las medidas de auxilio del plan descansarían sobre tres ejes principales: ayudas directas a través de las comunidades autónomas, potenciales reestructuraciones en colaboración y con apoyo de las entidades financieras de los créditos avalados por el ICO; y soporte a la solvencia de empresas medianas y pequeñas, con potenciales recapitalizaciones, al estilo del fondo de 10.000 millones de euros de rescate de la SEPI puesto en marcha para compañías grandes y estratégicas.
De forma adicional se ha barajado fomentar un mecanismo de reestructuración para el resto de deuda bancaria al estilo del Código de Buenas prácticas adoptado en el 2012 para cargas hipotecarias de familias vulnerables. El creado entonces, de adscripción voluntaria, buscaba agilizar las soluciones y sistematizarían las acciones.
El Gobierno y la propia banca han coincidido desde el principio en que las entidades financieras son las que pueden ayudar con las reestructuraciones porque son las que están en mejor situación para discernir qué negocios son o no viables y qué tipo de instrumentos son los más útiles para ayudar en cada situación.
El papel de las Comunidades
En cuanto al papel que pueden jugar las comunidades autónomas, la propia vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado varias veces que, junto a los ayuntamientos, “están mejor situados para ver cuáles son las consecuencias de las decisiones que ellos toman de restricción de actividad económica para luchar contra la pandemia”. En este punto ha avanzado que las autonomías podrían “ir un paso más allá y, no solo a dar un crédito fiscal sino, incluso, compensar una parte de los costes fijos de las empresas”.
El Gobierno ya les ha transferido a las autonomías, de hecho, 16.000 millones de euros con el fondo Covid-19 y también tienen los 8.000 millones del fondo europeo REACT-UE, del que las propias comunidades autónomas han decidido destinar un 25% o 2.000 millones de euros a ayudas para empresas y autónomos.
En una de sus últimas intervenciones Calviño dejó además abierta la puerta ampliar dicha dotación o dar un soporte adicional desde el Gobierno. “Para algunas puede que las ayudas por parte de las comunidades autónomas sean suficientes, en otros territorios puede ser necesario que el Estado complemente o refuerce esa acción de las comunidades autónomas”, deslizó.
En cuando a los apoyos o recapitalización de empresas de tamaño menor, las fuentes consultadas apuntan a la posibilidad de que cristalice en inyecciones de capital o emisión de deuda híbrida apoyándose en empresas públicas como podría ser Cofides.
El paquete de medidas a abordar por el Consejo de Ministros será, en cualquier caso, un programa marco y algunos flecos para su aplicación quedarían a expensas de otros Consejos de Ministros como ocurrió, por ejemplo, con los programas de avales del ICO donde a la aprobación del programa sucedieron acuerdos posteriores para ir liberando sus recursos. En el programa inicial no parece que vayan a incorporarse medidas fiscales, aunque la ministra portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió la puerta a un soporte extra fiscal, lo que no excluye su incorporación o aprobación posterior.
