El Gobierno aprueba 260 millones de euros para digitalizar la educación

El Gobierno ha aprobado este martes 16 de junio en Consejo de Ministros la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Educación y FP con el que pondrá en marcha el programa 'Educa en digital', con el que se prevé movilizar hasta 260 millones de euros para digitalizar la educación. Así lo ha anunciado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, en la que ha dado detalle de este programa.

Tal y como ha especificado, de estos 260 millones, 190 se movilizarán a través de 'red.es' (de los cuales, 184 serán de Fondos FEDER) y los 70 millones restantes serán movilizados por las comunidades autónomas que se adhieran al programa para dotar de dispositivos y conectividad a centros de titularidad pública. Es decir, se prevé que el 70 por ciento de los fondos vengan de la UE y otro 26 por ciento de las Comuidades Autónomas.

500.000 dispositivos para alumnos vulnerables

Según ha explicado, los centros pondrán a disposición de los alumnos más vulnerables, hasta 500.000 dispositivos electrónicos con conexión a Internet, mediante préstamo del centro al alumno, para facilitar así la educación digital tanto de forma presencial en el centro como en el hogar.

"Los dispositivos se comenzarán a distribuir a lo largo del primer trimestre del próximo curso 2020-2021 conforme se vayan firmando los convenios con las comunidades autónomas", ha anunciado Celaá.

Además, junto a estos convenios, la ministra ha señalado que se pondrá en marcha una Mesa para la Digitalización de la Educación para coordinar la colaboración entre el sector público y privado e implementarla. "Conocemos el gran interés de las empresas por implementar toda la digitalización en el ámbito educativo", justifica la propuesta de creación de esta Mesa.

El programa también pondrá en marcha plataformas de asistencia al profesorado, alumnado y autoridades educativas, mediante la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) par promover una educación más personalizada, que es "uno de los principios rectores de la LOMLOE", el proyecto de reforma de la Ley educativa, más conocida como la 'Ley Celaá'.

También se seguirá impulsando la formación de los docentes para el desarrollo de competencias digitales, con cursos de formación online a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF).

Y se fortalecerá y apoyará la modernización de herramientas como las plataformas digitales de los centros educativos y el desarrollo de propuestas de materiales educativos diseñados para el entorno digital, según ha detallado.

"Nos hemos podido arreglar, pero hemos podido comprobar muchas necesidades sin cubrir"

La puesta en marcha de este programa se debe, según Celaá, a que la pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto las "necesidades" que tiene el sistema educativo español. "Nos hemos podido arreglar, pero hemos podido comprobar muchas necesidades sin cubrir", ha dicho la ministra en referencia a la sustitución de la docencia presencial por la docencia online.

A juicio de Celaá, "la educación necesita la digitalización, que forme y sea punta de lanza para esa digitalización económica, social", pues resulta, tal y como ha subrayado, un "factor determinante" a la hora de cerrar brechas y para hacer posible que todos los alumnos tengan acceso garantizado a la educación, ajustado a sus necesidades e independientemente de su lugar de residencia.

Este "gran esfuerzo inversor en materia de digitalización", tal y como ha calificado esta iniciativa Celaá, se suma a las otras dos iniciativas puestas en marcha por el Gobierno en materia educativa, como es el incremento de la inversión en el sistema de becas en un 22% (hasta alcanzar así los 1.900 millones de euros para más de 600.000 beneficiarios el próximo curso 2020-2021) y el abono de 2.000 millones de euros para la educación de los 16.000 millones de euros del Fondo COVID-19 que el Ejecutivo destinará a las comunidades autónomas.