El Gobierno planea convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, en la que se establece que el Estado, junto con otras administraciones, se haga “cargo” de identificar y entregar a las familias los restos de las personas enterrados en fosas comunes. Así como que el Valle de los Caídos sea un “cementerio civil” a cargo de Patrimonio Nacional.

Así lo explicó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra del ramo, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que explicó de manera extensa las principales ideas de los 66 artículos y cinco títulos que se desarrollan en la nueva norma que se eleva a las Cortes.

“Es una ley para encontrarnos todos y para producir, en la ley y la justicia, la paz de la que disfrutamos los españoles”, dijo Calvo a la hora de destacar la trascendencia de esta ley que continúa los “frutos” que ofreció la Ley de Memoria Histórica de 2007.

La vicepresidenta subrayó lo “urgente” y “necesaria” que considera el Gobierno esta ley, por ser un “compromiso importante” que habían adoptado, después del traslado de los restos mortales del dictador Francisco Franco.

De hecho, comentó la “resignificación” del Valle de los Caídos como un “cementerio civil, protegido por Patrimonio Nacional, donde reposen las “más de 30.000 víctimas” de los dos bandos en “paz y respeto por todos”.

La normativa permitirá desalojar a los benedictinos que ocupan la abadía y supondrá la extinción de la Fundación de la Santa Cruz, para pasar a su gestión exclusivamente estatal, a cargo de Patrimonio Nacional.

Además, el Anteproyecto de ley de Memoria Democrática contemplará, entre otras cosas, la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo, lo que llevará previsiblemente a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco; la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos; la exhumación de víctimas del franquismo de fosas comunes sufragada por fondos públicos; o que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad española.

Asimismo, el anteproyecto declara ilegales, nulos y sin ningún efecto todos los consejos de guerra y demás procesos (con las sentencias correspondientes) instruidos por causas políticas durante el régimen franquista, como por ejemplo, la del que fuera presidente catalán durante la II República, y fusilado por el franquismo, Lluís Companys.

Por otra parte, el anteproyecto contempla la creación de un censo de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura --siguiendo la recomendación de las Naciones Unidas--; así como de un Banco Nacional de AND de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, para recibir y almacenar el AND de víctimas y familiares, a fin de contribuir a la identificación genética de las víctimas.