El Gobierno encarga al Consejo de Estado la reforma de los aforamientos

El Consejo de Ministros ha decidido hoy encomendar al Consejo de Estado la propuesta de reforma de los artículos de la Constitución (71.3 y 102.1) que establecen el aforamiento de los diputados, senadores y miembros del Gobierno.

La ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha afirmado que el objetivo de esta reforma es "reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público", y ha añadido que la intervención del Consejo de Estado asegura la calidad democrática de la reforma.

CELÁA: "ES IMPORTANTE QUE REY MANTENGA SU INVIOLABILIDAD"

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha subrayado que la eliminación de la inviolabilidad del jefe del Estado "no entra en absoluto" en la propuesta del Gobierno de limitar el aforamiento de los miembros del Gobierno y de los parlamentarios al ejercicio de sus funciones.

Celaá ha asegurado hoy que "es importante que el rey mantenga su inviolabilidad" que le concede la Constitución, por lo que ha rechazado incluir la supresión de este blindaje en la reforma de la Carta Magna, como han demandado Podemos, PNV, ERC y PDeCAT.

La inviolabilidad del jefe del Estado, por la que no está sujeto a responsabilidad penal, se recoge en el bloque constitucional que habla de la Corona, por lo que su modificación requiere la aprobación por parte del Congreso y el Senado, la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones.

Según Celaá, la reforma que plantea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los aforamientos se limita a un procedimiento ordinario, sin necesidad de disolver las Cortes, aunque sí podría convocarse un referéndum si lo solicitase un diez por ciento de los diputados de la Cámara Baja.

Así, el Gobierno tiene previsto aprobar el proyecto de la reforma constitucional una vez cuente con el informe del Consejo de Estado y será entonces cuando lo remita al Congreso para que, calcula, pueda ser aprobada en un plazo de sesenta días "si hay voluntad de acuerdo".