El Gobierno admite que legisla urgido por la reacción a la prisión del rapero Hasel

El rapero Pablo Hasel, declarado culpable por enaltecer el terrorismo y por calumniar a la Corona debe ingresar uno de estos días en prisión. A él ya no le va a beneficiar la reforma judicial que anuncia el Gobierno para evitar casos como el suyo.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido la necesidad de reformar "por la vía más rápida posible" los delitos que afectan a la libertad de expresión y ha admitido que es una reacción a la inminente entrada en prisión del rapero Pablo Hasel condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía.

Despenalizar y crear delitos

La reforma dirigida a rebajar las condenas por determinados delitos relacionados con la libertad de expresión no significa renunciar a otras iniciativas anunciadas por el Ejecutivo, según ha dicho Montero tras ser preguntada si la decisión supone aparcar la dirigida a crear el delito de apología del franquismo.

La revisión de estos delitos puede incluirse en la reforma global del Código Penal en la que trabaja el Ministerio de Justicia, que prevé retocar la sedición y la rebelión y tipificar la apología del franquismo, pero si ese departamento cree que puede retrasarse, se desgajará y se adelantará la parte que afecta a la libertad de expresión, ha apuntado tras el Consejo de Ministros.

Montero ha atribuido a la "frescura" y la "capacidad de escucha activa" del Gobierno el sorpresivo anuncio de que se reformarán los delitos que restringen la libertad de expresión y no ha ocultado que tras el sorpresivo anuncio del Gobierno ayer noche está la condena a Hasel y también el manifiesto firmado por más de doscientos artistas pidiendo su libertad.

Sin castigo penal

"Todo es importante e influye", ha señalado la portavoz, quien ha querido restar importancia al hecho de que el Gobierno anunciara la reforma en vísperas de que Unidas Podemos presentara en el Congreso una proposición de ley en la misma línea.

A su juicio, "no tiene ningún tipo de interés de dónde parten o dejan de partir las iniciativas" del Gobierno, siempre que éste "acierte", se haga eco del sentir de la mayoría de la sociedad y proponga una reforma que deje al margen de castigo penal eventuales excesos que se cometan en el marco de manifestaciones artísticas o culturales.

Una proposición que era de Podemos

Unidas Podemos ha asegurado que el PSOE, su socio de gobierno en coalición, conocía el registro de la proposición de ley para proteger la libertad de expresión, al derogar los artículos del Código Penal sobre delitos de opinión. También ha reivindicado que el Ejecutivo debería indultar al rapero Pablo Hasel al ser una medida coherente con el espíritu de esta reforma legislativa, dado que precisamente persigue evitar que cantantes o artistas vayan a la cárcel por opiniones vertidas en su obra.

Así lo han indicado en rueda de prensa los diputados del grupo parlamentario Jaume Asens (En Comú Podem) y Enrique Santiago (IU). Tanto Podemos como PSOE persiguen derogar los delitos de injurias a la corona e instituciones del estado, contra los sentimientos religiosos o enaltecimiento del terrorismo para garantizar este derecho constitucional.

El PP critica la despenalización

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado que no es ni "urgente" ni "necesaria" la reforma penal que plantea el Gobierno para eliminar las condenas de cárcel en los delitos relacionados con la libertad de expresión y ha censurado que se busque "despenalizar" esas conductas. Tras subrayar que la libertad de expresión está "perfectamente garantizada" en España, ha señalado que si se quiere abrir el debate de estos delitos la prioridad debería ser la "lucha contra el enaltecimiento del terrorismo".

Gamarra ha echado en cara al Gobierno que use las palabras de una "manera demagógica" al hablar de esta reforma porque "no se trata de ampliar la libertad de expresión", ya que, según ha dicho, son delitos que "atentan contra el honor y, por tanto, contra la dignidad" de las personas. "Primero ha sido la 'okupación' y ahora pasamos a los delitos de injurias y calumnias, donde se quiere reducir el reproche penal en relación a estas conductas", ha manifestado.