El Gobierno mantiene que desde 2040 no se puedan vender vehículos de combustión

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que contempla la desacarbonización al 100 por 100 de la economía española en 2050. En él se establece que el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros deberá ser libre de emisiones directas de CO2 en esa fecha. Como paso intermedio, los nuevos coches y furgonetas serán cero gramos de emisión de CO2 por kilómetro "no más tarde en el año 2040".

El Gobierno trabajará para acompañar al sector de la automoción y pondrá en marcha medidas para facilitar la penetración de estos vehículos, creará una Mesa de la Movilidad en la que participarán todos los agentes implicados y elaborará una 'Estrategia de Movilidad Sostenible'. Asimismo, los municipios de más de 50.000 habitantes deberán contar, antes de 2023 con zonas de bajas emisiones y poner en marcha medidas para facilitar el uso de la bicicleta, los desplazamientos a pie y otros medios de transporte activo, así como mejorar el transporte público, que deberá ser electrificado de forma progresiva.

Las gasolineras y estaciones de servicios que en 2018 vendan más de 5 millones de litros de gasolina al año tendrán que contar con, al menos, una infraestructura de recarga eléctrica con una potencia igual o superior a 22 kw.

En el transporte marítimo, los puertos también deberán ser cero emisores de CO2 en 2050.

Ribera: Es un marco "ambicioso, equilibrado, modernizador y plenamente factible"

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha presentado el conjunto normativo para "facilitar y orientar" la descarbonización de la economía en 2050, de acuerdo con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático. Ribera defiende que este es un marco "ambicioso, equilibrado, modernizador y plenamente factible" que permitirá la creación y "reposicionamiento" la industria, las energías limpias y generará efectos positivos para el desarrollo del medio rural, el medio ambiente, la salud y la justicia social.

El anteproyecto de Ley plantea dos fases, a 2030 y a 2050. El primero de ellos, 2030, marca el objetivo de reducir al menos un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 1990; generar al menos el 70% de electricidad con energías de origen renovable; asegurar al menos el 35% del consumo final de energía procedente de renovables y mejorar la eficiencia energética en, al menos un 35%.

La Administración General del Estado y los organismos, entidades que forman el sector público estatal deberán desprenderse en dos años de todas las participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil esté ligada a la extracción, refinado o procesado de productos energéticos.

También se fomentarán los combustibles alternativos, como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno y en la aviación se promoverá el uso de biocarburantes avanzados y otros renovables de origen no biológico.

Una vez que entre en vigor la ley no se darán nuevas autorizaciones para explorar, investigar hidrocarburos o nuevas concesiones ni en tierra ni en aguas territoriales, ni tampoco se podrán desarrollar proyectos de fractura hidráulica ('fracking'). Las prórrogas vigentes no podrán extenderse más allá del 31 de diciembre de 2042.