El Gobierno se reafirma en derogar la reforma laboral del PP y cumplir con el plan remitido a Bruselas pero no dice cómo

El Gobierno reafirmó este martes su compromiso con la “derogación de la reforma laboral de 2012”, como fija el acuerdo de coalición firmado en 2019 entre PSOE y Unidas Podemos, y el con el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea para garantizar los fondos europeos tras la pandemia de la Covid.

Esta es la conclusión alcanzada, según informó La Moncloa, en la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las vicepresidentas Nadia Calviño (Economía) y Yolanda Díaz (Trabajo) y los titulares de Hacienda, María Jesús Montero; Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; e Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Dicha reunión, que según La Moncloa trascurrió en un clima “positivo y una actitud constructiva”, busca avanzar en las negociaciones con los agentes económicos y sociales, cumpliendo con los compromisos adquiridos tanto en el programa de coalición como en el Plan de Recuperación.

En el comunicado remitido por la Secretaría de Estado de Comunicación poco antes de las 13.00 horas, se asegura que el Gobierno está “definiendo las relaciones laborales del siglo XXI, cumpliendo con la palabra dada”.

Así las cosas, afirma que “se trata de aprobar, antes de que acabe 2021, una legislación laboral moderna que revise los desequilibrios de la reforma de 2012 y deje atrás los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo”, como fija además el compromiso fijado con Europa.

Se trata, destaca el Gobierno, de continuar “con la senda que ya hemos iniciado con la derogación del artículo 52.d que permitía el despido por baja médica, los reglamentos de igualdad, los ERTE, la Ley Rider o el Trabajo a distancia”.

En este sentido, se dejan claros tres puntos en el comunicado sobre esta situación que avivó la semana pasada las diferencias en el seno de la colación. En primer término, se asegura que “el Gobierno está comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea”.

"La temporalidad y la precariedad son, junto al desempleo, las principales anomalías del mercado laboral español y estamos decididos a dejarlas atrás” y es, por tanto, “imprescindible disponer de herramientas equilibradas en la negociación colectiva y al mismo tiempo, establecer condiciones claras para la subcontratación”, argumenta.

Segundo, que sobre la base del trabajo realizado con los agentes sociales hasta el momento, el Gobierno “busca, a través del diálogo social, un acuerdo con todas las partes justo y equilibrado. Esta voluntad es la mejor garantía de obtener una reforma duradera dentro del acuerdo establecido con la Comisión Europea en el Componente 23 del Plan de Recuperación”.

En tercer lugar, que “el objetivo del Gobierno es construir un nuevo modelo de relaciones laborales para el siglo XXI que acompañe el proceso de modernización de la economía gracias a los fondos europeos, a través del diálogo social”.

Cabe recordar que en el acuerdo firmado entre Sánchez y el entonces líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, establecía en su compromiso: "Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos. En concreto y con carácter urgente” se instaba a que “derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”; “derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo”.

También, decía, “derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”, y “modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa; limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa; y revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves”.

Por su parte, en el plan de reformas remitido a Bruselas, se dice que “respetando el diálogo social y como parte de un enfoque integral que equilibre la necesidad de flexibilidad y de seguridad en el mercado laboral” se compromete la “entrada en vigor de la modificación de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para apoyar la reducción del empleo temporal mediante la simplificación de los tipos de contrato”.

El citado Componente 23, que está dotado con 2.363 millones con cargo a los fondos europeos, se marca objetivos como "reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, reducir la temporalidad y corregir la dualidad del mercado laboral, aumentar la inversión en capital humano, modernizar los instrumentos de negociación colectiva…".

Otra reforma perseguirá la “generalización del contrato indefinido” y exigirá “causalidad de la contratación temporal”. Otra más regulará la subcontratación. En otro punto, también se promete abordar la flexibilidad interna de las empresas, citando el ejemplo de los ERTE.