El gobierno de Pedro Sánchez rectifica en menos de 72 horas y ahora sí defenderá en Bruselas al juez Llarena. Lo ha confirmado hoy la ministra de Justicia, que ha tratado de justificar ese giro. Dolores Delgado, ha dejado hoy claro que el Gobierno defenderá en Bélgica hasta las últimas consecuencias la integridad jurisdiccional y los intereses de España, que pasa también por "defender la actuación jurisdiccional" del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena..
La ministra, tras las críticas recibidas desde la oposición política y desde la mayor parte de asociaciones de jueces y fiscales, ha defendido en una entrevista en Radio Nacional los pasos dados por el Ejecutivo y ha negado que se haya producido ningún cambio en su posición.
"Vamos a defender hasta las últimas consecuencias a la jurisdicción española y a quien la desarrolla, en este caso Llarena", ha aseverado Delgado.
El magistrado está citado el próximo 4 de septiembre, pero, al tratarse de una demanda civil, no tendrá que presentarse y podrá ser representado por la defensa que contrate el Ejecutivo cuando reciba el visto bueno de la Intervención General del Estado.
A juicio de la mayor parte de las asociaciones de jueces, la posición del Ejecutivo supone una "rectificación" de la postura mantenida por Justicia hace unos días, cuando explicó que solo se personaría si el juez belga cuestionaba la instrucción del "procés" pero "en ningún caso" por manifestaciones de carácter privado del juez Llarena.
No interpreta lo mismo la ministra, que ha intentado explicar que desde que el CGPJ pidió al Gobierno que actuara para mantener la integridad e impunidad jurisdiccional de España, "inmediatamente" se pusieron a trabajar sobre esa demanda civil contra el honor de Llarena, pero "con un trasfondo que puede afectar a nuestra jurisdicción".
En cualquier caso, el presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, ha celebrado que "se haya impuesto la sensatez y el interés de España", en tanto que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) aprecian "un evidente" cambio de postura y lo achacan al malestar reinante entre gran parte de la judicatura.
Solo Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha respaldado que no hay cambio de estrategia, pero ha lamentado la ambigüedad con la que el Ministerio de Justicia planteó una distinción entre la actuación privada del juez y su función jurisdiccional.
En el arco político, el PP ha optado por pedir la comparecencia de la ministra en el Congreso para que "fije definitivamente" su posición tras los "bandazos" que, según su presidente, Pablo Casado, da el Gobierno en este asunto.
Pero también ha pedido que se estudie la presentación de una querella contra el juzgado belga por "inmiscuirse en la inmunidad y la integridad de la jurisdicción española".
Ciudadanos, por su parte, ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que pide a la Cámara que apoye "sin fisuras" la labor de jueces y fiscales, y reclama expresamente al Gobierno que preste "todo su apoyo y asistencia" al juez del Supremo Pablo Llarena, según ha comunicado su presidente, Albert Rivera.
Pero las declaraciones de la ministra tampoco han gustado a los partidos soberanistas catalanes, que entienden que el Ejecutivo se ha "amedrentado ante la derecha judicial y política", en palabras de Carles Campuzano (PDeCAT), o muestran la "poca valentía" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, según Gabriel Rufián (ERC).
