El Gobierno valida la subida salarial adicional del 0,25% a los funcionarios
Este incremento adicional supondrá, aproximadamente, 280 millones de euros, según UGT
El Gobierno validó este viernes la subida salarial adicional del 0,25% para todos los empleados públicos ligada al crecimiento del PIB, que tiene intención de abonar en la nómina del mes de julio.
La comisión de seguimiento del II Acuerdo para la mejora del empleo público reunida este viernes ratificó el crecimiento anual del PIB en 2018 y con ello, la subida salarial adicional de los funcionarios.
Se trata de un incremento del 0,25% vinculado a un crecimiento de la economía española igual o superior al 2,5% en 2018, aplicable tras el avance del dato de crecimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2,5%, que es el indicador que se acordó tomar como referencia. Con ello, la subida salarial para 2019 de los empleados públicos ascendería al 2,5%.
En marzo de 2018, el Gobierno del PP y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF pactaron este esquema de actualización de los salarios, vinculado a la evolución del PIB.
Desde el Ministerio de Hacienda ya se dijo que se estaba trabajando para abonarla en el mes de julio, pero UGT informó en una nota de que el Gobierno les ha trasladado que previsiblemente se incluirá en la nómina de agosto con efectos de 1 de julio.
UGT ha calculado que la subida adicional supone, aproximadamente, 280 millones de euros, con un impacto “muy diverso” en la nómina de cada empleado público.
Este sindicato también señaló que los empleados públicos han ganado un 1,7% de poder adquisitivo hasta mayo, mes en el que el IPC se situó en una tasa del 0,8%, por debajo de la subida salarial de este colectivo.
UGT recordó que la subida adicional es de obligado cumplimiento y que todas las administraciones públicas deben abonarla al estar sujeta a un criterio macroeconómico, en referencia al PIB.
Por su parte, CCOO lamentó en un comunicado que la ratificación del crecimiento del PIB y la consiguiente subida adicional "llega tarde" porque el dato se conoce desde hace meses y "evidencia el escaso valor que da el Gobierno al diálogo social, informando a los sindicatos firmantes a través de filtraciones a los medios de comunicación".
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