Gobierno y asociaciones judiciales y fiscales firman el acuerdo de mejora salarial y ampliación de plantillas

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, firmaron este martes con asociaciones judiciales y fiscales un acuerdo que el Gobierno considera “histórico”, con mejoras retributivas y la ampliación de la plantilla para ambas carreras, entre otras medidas que repercutirán positivamente en el Servicio Público de Justicia.

El acuerdo supone el aumento de efectivos para reforzar el Servicio Público de Justicia, con 100 nuevas plazas en 2023 y 100 más en 2024. Estas plazas se unen a otras 200 ya aprobadas para cada uno de estos ejercicios. En total, por tanto, serán 300 plazas en 2023 y otras 300 en 2024.

Además, contempla que las asociaciones y los Ministerios de Justicia y Hacienda y Función Pública establezcan un nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado y con el compromiso de convocar la Mesa de Retribuciones con periodicidad anual.

Con este objetivo, se constituirán grupos de trabajo permanentes, así como una comisión de seguimiento del acuerdo, en la que participarán las asociaciones firmantes, y en cuyo seno se resolverán cuantas dudas e interpretaciones puedan derivarse de la aplicación práctica del acuerdo firmado hoy en su período de vigencia.

En cuanto a la Comisión de Retribuciones, se convocará con carácter anual para valorar el desarrollo y aplicación de los acuerdos alcanzados, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los trabajos desarrollados por los distintos grupos.

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, comunicó el lunes por carta al secretario general de la Administración de Justicia, Manuel Olmedo, que no estarían en el acto de firma del acuerdo.

La conservadora APM es la única asociación que se ha negado a suscribir la oferta planteada por los Ministerios de Hacienda y Función Pública y de Justicia, que suponen una subida del 6,5%, con una dotación presupuestaria de 46,7 millones de euros, es decir, entre 440 y 450 euros brutos mensuales para los magistrados según presten servicio en órganos colegiados o en órganos unipersonales.