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La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya declaró este lunes como investigada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasa, en relación con la presunta entrada irregular del líder del Frente Polisario Brahim Gali en España. Tras permanecer una hora en el juzgado, la exjefa de la diplomacia aseguró que “todo se ha hecho conforme a la ley” y confió en que el juez llegue “pronto” a esa misma conclusión.

González Laya acudió este lunes a Zaragoza porque el magistrado le denegó la posibilidad de prestar declaración por vía telemática como había solicitado la Abogacía del Estado, que la representa en esta causa.

En esta causa se investiga se investiga la llegada de Brahim Gali a la Base Aérea de Zaragoza, el pasado 16 de abril, en un avión medicalizado, acompañado por otra persona, para ser tratado en el hospital San Pedro de Logroño por una infección por Covid severa.

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La ministra fue imputada a raíz de una querella presentada por el abogado Antonio Urdiales y por Juan Carlos Navarro. Como personados en la causa, pidieron la imputación de la extitular de Exteriores tras asistir a la declaración de su exjefe de gabinete, Camilo Villarino, que señaló a Laya como la persona que ordenó que se franqueara la entrada a Gali con una identidad falsa.

En su comparecencia de este lunes, González Laya se acogió a su derecho a no responder a los querellantes, pero sí respondió a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado.

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El juez también tomará declaración como testigo al que fuera secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, José María Muriel Palomino.

El 18 de octubre está citada María Isabel Valldecabres, jefa de gabinete de la exvicepresidenta primera Carmen Calvo, y Susana Crisóstomo, jefa de gabinete del ministro de Interior.

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado procesar al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en la causa abierta por un delito de genocidio por una querella de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) a raíz de una de las querellas interpuestas contra él, dado que considera que los hechos estarían prescritos.

Gali llegó a España por vía aérea e inmediatamente ingresó en un hospital de Logroño (La Rioja) para ser tratado de coronavirus.

Su entrada se autorizó con una identidad falsa y tras conocerse su presencia en España se desató un conflicto diplomático con Marruecos, cuyo punto culminante fue una oleada de inmigración a Ceuta, que soportó la entrada de cerca de 10.000 personas.

El juez tratará de averiguar de quien partió la orden de permitir la entrada del líder saharaui con una identidad falsa y si existió algún tipo de encubrimiento de estos actos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.