Igualdad insiste en que el gobierno no se ha equivocado, sino los jueces

El Ministerio de Igualdad ha tratado hoy de explicar por qué no se incluyó una Disposición Transitoria en la Ley que aclarara a los jueces la posición ante posibles peticiones de rebaja de condena.

La ministra Montero ha preferido no aparecer en público este viernes, pero la presión política (y también de los jueces) contra ella es enorme. La ley se aprobó en el Congreso después de que se rechazaran más de un centenar de enmiendas del PP, alguna de ellas pidiendo que aumentaran las penas mínimas a agresores sexuales. Los populares han pedido el cambio de la ley.

Presentaron 127. Les rechazaron 118 y entre ellas la que proponía una penas de cárcel, para agresiones sexuales en vez de los 2 a 8 años, de 5 a 10. Y para violaciones subir de los 7 a 15 años de prisión a 12 a 15. Pero su propuesta fue rechazada.

Después de tres días esquivando a los medios, Yolanda Díaz se ha pronunciado sobre la polémica en torno a la Ley de Libertad Sexual. La vicepresidenta del gobierno pide prudencia y deja la solución a esta controversia en manos del Supremo.

La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha salido este viernes en defensa de la ley de garantía integral de la libertad sexual y del Ministerio de Igualdad y ha cargado contra el PP por "agarrarse a un clavo ardiendo" para intentar desacreditar las políticas feministas del Gobierno.

En el Senado, la delegada el Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha destacado que no es una ley de Irene Montero, la ministra de Igualdad: "la parte penal aún menos, es el anteproyecto del Gobierno" y fue aprobado por el Congreso, ha subrayado.

Rosell ha vuelto a confiar en que el Tribunal Supremo y el fiscal general del Estado "corregirán" la aplicación de la ley que están haciendo algunos jueces, a su entender de forma errónea.

A las rebajas conocidas hasta hoy se ha sumado una nueva: el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha resuelto un recurso de apelación interpuesto por un condenado en la Audiencia Provincial de Ciudad Real a nueve años de prisión por un delito de agresión sexual y, en aplicación de la nueva ley del "solo sí es sí", ha modificado la pena a ocho años de prisión.