Irene Montero culpa al Consejo General del Poder Judicial de "no haber hecho su trabajo" en la nueva ley del aborto

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha culpado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que la reforma de la ley del aborto se haya aprobado este martes en el Consejo de Ministros sin el informe preceptivo de este órgano. "No ha hecho su trabajo", apuntaba en declaraciones a RNE, explicando que el Consejo "no ha cumplido con la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece con claridad cuáles son los plazos que tiene para poder emitir estos informes".

En este sentido, la responsable de Igualdad ha señalado que, "si en algún momento" el CGPJ "hace su trabajo", su ministerio "incorporará el informa preceptivo al expediente" de la norma ya que su departamento "no pude limitar ni paralizar una ley" que recoge "derechos fundamentales", en este caso de las mujeres, por esta situación.

"Sería raro que viese con buenos ojos un avance en derechos feministas, nunca lo ha hecho, siempre los ha cuestionado ha tratado de poner trabas", ha explicado Montero en una entrevista en TVE en la que ha hecho hincapié en que el CGPJ "no ha hecho su trabajo y ha incumplido sus plazos".

Desde el Consejo General del Poder Judicial se responde a la ministra que sus informes no son ideológicos sino técnicos.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha justificado la decisión del Ejecutivo de que las menores de 16 años puedan abortar si consentimiento paterno, Montero ha recordado que la ley de autonomía del paciente "fija con claridad que la mayoría de esas sanitaria está en 16 años".

"Una mujer de esa edad pude someterse a una operación de vida a muerte sin el consentimiento de sus padres, la excepción era la interrupción voluntaria del embarazo y, por tanto, lo que estamos haciendo es lo mismo que para cualquier otra intervención", ha añadido.

REGISTRO DE OBJETORES

La ministra se ha referido también al registro de objetores de conciencia que está previsto en la reforma legal. Según Montero, dicho registro será igual al creado en el marco de la ley de la eutanasia. En este sentido, Irene Montero ha incidido en la importancia de la reforma del aborto para garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en centros próximos a su lugar de residencia y, en este sentido, se ha referido a las comunidades autónomas donde no se ha practicado ninguna en centros públicos.

"Las clínicas privadas han permitido la interrupción, pero lo que corresponde es que, si entendemos que el aborto forma parte del derecho a la salud, la red pública tiene que ser la de referencia", ha indicado Montero. Por ello, ha insistido en que "habrá un registro igual que el de la eutanasia". "Tenemos que saber quiénes son los objetores para que haya siempre personal disponible, sino no podremos garantizarlo", ha concluido en una entrevista en Cuatro.

Se trata de uno de los puntos mas controvertidos de la nueva ley y que ha disparado la alarma entre los Colegios de Médicos y los profesionales.