La Justicia belga aplaza al 16 de diciembre la vista sobre la euroorden contra Puigdemont

El Tribunal belga de primera instancia que debe decidir sobre la orden de detención y entrega cursada por el juez Tribunal Supremo Pablo Llarena contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha decidido aplazar la vista al próximo 16 de diciembre por la tarde para dar más tiempo a las partes para preparar sus alegaciones.

Así lo han explicado a los medios de comunicación el propio líder independentista y su equipo de abogados después de la vista que ha tenido lugar ante la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia que debe decidir sobre su entrega a las autoridades españolas.

"La vista ha durado muy poco porque finalmente el tribunal ha aceptado nuestra petición de aplazar la vista hasta el 16 de diciembre", ha explicado el político independentista, que no ha respondido a ninguna pregunta de los medios de comunicación.

La defensa de Puigdemont ha indicado que durante este tiempo prepararán sus argumentos por escrito y los suyos serán los mismos que en la euroorden anterior: vulneración de Derechos Fundamentales y garantías procesales. Además, defenderán que el expresidente catalán tiene inmunidad por haber sido elegido eurodiputado pese a no haber recogido el acta."Por supuesto invocaremos la inmunidad y por supuesto utilizaremos los mismos argumentos que utilizamos hace dos años", ha señalado el abogado Simon Bekaert.

"Por supuesto invocaremos la inmunidad y por supuesto utilizaremos los mismos argumentos que utilizamos hace dos años"

La defensa de Puigdemont ya pidió al juez de instrucción que el proceso se suspendiera a la espera del pronunciamiento de la Justicia europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, pero este magistrado consultó al Supremo y al Parlamento Europeo y concluyó que no gozaba de tal protección.

La Fiscalía de Bruselas, sin embargo, ha explicado que el tribunal de primera instancia puede examinar de nuevo la cuestión y tomar una decisión propia al respecto. Durante la vista, el Ministerio Público ha pedido la entrega de Puigdemont a la Justicia española por sedición y malversación, los dos delitos por los que le reclama, tal y como adelantó Europa Press.

También sobre la estrategia de defensa, el abogado Gonzalo Boye ha señalado que las declaraciones que ha hecho este martes la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, "ayudan y mucho". "Estamos hablando de un tema estrictamente judicial o eso creíamos nosotros", ha justificado.

"Estamos hablando de un tema estrictamente judicial o eso creíamos nosotros"

El letrado se ha referido así a las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo en una entrevista en Onda Cero, en la que ha asegurado que "no entendería" que las autoridades belgas no entregaran a Puigdemont a España.

Así las cosas, el tribunal volverá a escuchar los argumentos de las partes el lunes 16 de diciembre, pero todavía no tomará una decisión sobre su extradición. Lo previsible es que ese día detalle la fecha en la que vaya a ser anunciada.

En cualquier caso, la decisión que tome el juez sobre la entrega o no de Puigdemont podrá ser recurrida tanto por la Fiscalía belga como por la defensa. En concreto, dispondrán de un plazo de 24 horas para presentar el recurso y el caso pasaría entonces a la Corte de Apelación. Tras este paso, quedaría aún una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español), que puede pronunciase sobre la forma pero no sobre el fondo del proceso.

El reglamento europeo establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.

De acuerdo al ordenamiento legal belga, Bélgica puede rechazar la extradición de una persona buscada por un país socio si existen "razones serias" para pensar que no se respetarán sus Derechos Fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputan no son una infracción en el derecho belga o no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva.