La Asamblea de Madrid aprueba la modificación de las leyes trans y Lgtbi

La Asamblea de Madrid aprobó este viernes la modificación de las leyes trans y Lgtbi promovida por el Gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, que contó con el apoyo de Vox y el rechazo de Más Madrid y PSOE.

Unos cambios impulsados por el Partido Popular para corregir lo que a su juicio son "errores" o "disfunciones" de la normativa vigente. El PP subraya que en lo sustancial no modifica el "estatus" de nadie, puesto que lo fundamental está regulado por una ley de ámbito nacional. Por su parte, la izquierda defiende que se persigue un recorte de derechos del colectivo LGTBI.

Las modificaciones de la ley Trans y contra la LGTBIfobia fueron registradas por el PP con urgencia a principios de noviembre.

Los cambios propuestos por el PP para la ley Trans pretenden reforzar la protección a los menores y suprimen una decena de artículos y epígrafes, además de modificar otros diez. Se abordan cambios que van desde el concepto de identidad de género --que se elimina-- a cuestiones administrativas, sanitarias o educativas. Se quita de la norma la inversión de la carga de la prueba, además de la necesidad de hacer evaluaciones del impacto sobre la identidad de género en las leyes de la Comunidad.

En la de la LGTBIfobia, se derogan 20 artículos y se cambia la redacción de cuatro. Una de las partes centrales de esta modificación es el ámbito educativo. Este concentra cinco de los veinte artículos derogados.

Se tratan de los que desarrollan el Plan integral sobre educación y diversidad, el que ataja el acoso escolar, el que aborda la inclusión del respeto y la pedagogía LGTBI en los currículos, la incorporación de la realidad LGTBI en los planes de estudio y la formación del personal docente.

CRITICAS DE LA IZQUIERDA

Desde que se registraran estas modificaciones la izquierda --Más Madrid y PSOE-- advertían de que combatirían la "primera regresión en derechos" del colectivo LGTBI promovida en España.

Más Madrid anunciaba esta semana que desde que se publique la aprobación de estos cambios en el Boletín Oficial del Estado (BOE) reclamarán al Defensor del Pueblo, Angel Gabilondo, que interponga un recurso de incostitucionalidad contra este texto.

Quienes sí que podrían hacerlo por sí mismos sería el PSOE, que cuenta con más de 50 diputados en el Congreso y senadores en la Cámara baja. Desde el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea apuntaban a que esta podría ser una de las vías judiciales que su portavoz, Juan Lobato, adelantó que emplearía. Asimismo, el partido ha mantenido contactos con eurodiputados para alertar sobre estos cambios.

Por su parte, desde Vox han insistido reiteradas veces en que estos cambios se quedan cortos, porque ellos desde hace más de un año piden la derogación total de ambos textos. De hecho, su líder, Rocío Monasterio, ha sacado pecho de que estas modificaciones no estarían sobre la mesa si Vox no hubiera puesto el foco sobre estas leyes.

El PP, por su parte, defiende la importancia de sus modificaciones al texto aprobado en 2016 bajo la Presidencia de Cristina Cifuentes. Asegura que "desestigmatiza" a los profesionales sanitarios y resta papel a las organizaciones LGTBI en pos de los "profesionales".