La Audiencia de Madrid rechaza cerrar el 'caso Begoña Gómez' pero lo acota, dejando fuera Globalia

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez Juan Carlos Peinado que delimite la investigación que dirige contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En un auto, recogido por Europa Press, los magistrados de la Sección 23 han precisado que la investigación del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid deberá dejar fuera el bloque relativo a Globalia y el rescate de Air Europa, por lo que el juez solo podrá continuar indagando en la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid y en los contratos que se encuentran bajo sospecha.

La Audiencia Provincial ha atendido a la petición de la Fiscalía, que presentó un recurso en el que pedía se concretara el objeto del procedimiento al considerar que el juez estaba dirigiendo una "causa general".

En su auto, conocido tras la vista de este lunes, el tribunal permite al juez Peinado continuar con la investigación relacionada con la presunta intervención personal de Begoña Gómez "en apoyo de las empresas" de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de una serie de contratos públicos, donde la Audiencia ya apreció "datos objetivos suficientes que legitimaban el inicio de la investigación".También respalda que el juez investigue "otras conductas relacionadas con otras empresas y entidades respecto de la creación, ideación, promoción, implementación y desarrollo de la cátedra y los másteres" que ha codirigido Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

"La llamativa variación, cuantitativa y cualitativa, que experimenta la relación de las empresas del grupo Barrabés con la administración pública en proximidad temporal con la obtención de la cátedra y despegue de los másteres es verdaderamente significativa", asevera el tribunal.

Afirma, por tanto, en contra de la tesis del fiscal o la defensa, que el hecho de que la Fiscalía Europea haya asumido la investigación de "tres concretos expedientes" de adjudicación a la empresa Innova Next no ha dejado "sin contenido" a la causa judicial que dirige el juez Peinado.

Mencionan los magistrados que entre 2021 y 2022 esta empresa fue adjudicataria de once contratos públicos en diferentes administraciones por 21 millones de euros y precisa que "la perfecta adjudicación de las licitaciones no impediría la comisión previa del delito de tráfico de influencias".

En su auto de mayo -prosigue- ya habló de que había "indicios objetivos que apuntaban a una intermediación de la investigada en la concesión de subvenciones (sic) cuando hubiera sido más preciso hablar de ayudas o adjudicaciones de contratos públicos, en favor de terceras empresas, que al tiempo le prestan soporte, ventaja o beneficio en el desarrollo de su exponencial carrera docente, o profesional".

Respecto a la actividad de Begoña Gómez en la Universidad Complutense, la Audiencia recuerda que de la cátedra que codirigió "partieron las cartas de declaración de interés y apoyo" a la Unión Temporal de Empresas (UTE) The Valley-Innova Next.

Estima "necesario investigar su actividad" y abre asimismo la puerta a que "no solo" haya un "interés profesional en el ámbito docente" de Gómez, "sino también personal en el ámbito empresarial", al ser administradora de una empresa cuyo objeto coincide con el máster que codirigió.

Pese a respaldar parte de la investigación del juez Peinado, que rechaza que sea "prospectiva", la Audiencia de Madrid también censura que el magistrado plasmase en una resolución que investigaba "todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno, que se contienen en la denuncia inicial".

Esta redacción, dice, "no puede admitirse, en tanto en cuanto se redacta de una forma tan genérica e imprecisa, que no se ajusta a lo resuelto ni en la propia resolución del instructor ni a lo ordenado" por la propia Audiencia de Madrid el pasado 29 de mayo.

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha expresado su satisfacción por la decisión de la Audiencia de Madrid con la que, según el abogado, se estiman "sustancialmente" los recursos interpuestos por su parte y por el Ministerio Fiscal y se delimita una investigación que se había convertido en "excesivamente imprecisa y genérica".

Este martes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudiará la querella que la Abogacía del Estado interpuso por prevaricación, en nombre del Presidente del Gobierno, contra el juez Peinado. Esta es la segunda querella que llegó al Tribunal contra el juez Peinado y hay una tercera, la presentada por Begoña Gómez.