La Comunidad de Madrid afea al Gobierno la "falta de transparencia" en los preparativos de la presidencia de la UE

La Comunidad de Madrid se ha dirigido a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, para transmitirle su disconformidad respecto a la "unilateralidad, imposición y falta de transparencia" por la convocatoria de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) que tiene lugar este viernes en Leoia (Vizcaya).

Se lo ha trasladado a través de una carta, fechada este jueves, en la que ha mostrado las "inquietudes" del Gobierno autonómico ante la convocatoria de la CARUE, un órgano de cooperación multilateral entre el Estado y las comunidades autónomas para tratar asuntos de la Unión Europea, que se celebra por primera vez fuera de Madrid.

El consejero de la Presidencia, Enrique López, ha comenzado el escrito criticando el "anómalo hecho" de que sea la primera reunión del Pleno desde 2021 y afeando que no se reunieran en todo este año así como que "ni siquiera" se convocase con carácter previo a la convocatoria la Comisión de Coordinadores.

El consejero de Presidencia ha incidido en que la convocatoria, "remitida por e-mail el 15 de julio", y sin esta reunión previa además de demostrar "una inconveniente unilateralidad" que, a su parecer, busca "desincentivar la participación o cubrir el expediente de realizar una reunión anual sin debate". Esto se refuerza cuando, según ha expuesto, se ha negado la participación online de "al menos tres" autonomías.

Por otra parte, ha censurado la "falta de transparencia", que ha achacado a que no se haya enviado ninguna información relativa "al único punto", los trabajos preparatorios para la organización de la Presidencia española de la UE durante el segundo semestre de 2023. "El Gobierno ya ha anunciado, sin hablarlo, las 25 ciudades elegidas para las reuniones de la Presidencia Española", ha añadido.

Asimismo, ha hecho hincapié en que, al ser en otra región y por las "dificultades logísticas", aparte de la coordinación de los operativos anti-incendios regionales, son muchas autonomías, "siete hasta el momento", las que se han visto obligadas a delegar su participación en otros cargos distintos al de consejero.