La Comunidad de Madrid pide a Montero una explicación “detallada y por escrito” de los efectos del acuerdo ERC-PSC

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, remitió este viernes una carta a la vicepresidenta primera y titular de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero, solicitando una “explicación detallada y por escrito de la valoración e interpretación" que hace el Ministerio "del contenido del acuerdo y sus efectos”, así como la convocatoria posterior “urgente”, una vez sea remitida la información, de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) monográfico sobre esta cuestión.

En dicha carta, Albert recuerda que el pasado mes de noviembre se dirigió a Montero expresándole su preocupación por el conocimiento que en aquel entonces habían tenido a través de la prensa acerca de los pactos con diversos grupos políticos, entre ellos ERC, referidos, entre otras cuestiones, a modificaciones en el sistema de financiación autonómica, condonación de deudas y cesiones tributarias, “todas ellas con graves consecuencias para la Comunidad de Madrid y el conjunto de España”.

En dicho escrito señalaba la necesidad de que tales asuntos, “por su carácter, complejidad e importancia”, debieran ser abordados en el seno del CPFF de forma “urgente y con la participación de todas las comunidades autónomas, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), donde se establece “de manera clara y precisa” que el CPFF que preside Montero es el órgano de coordinación del Estado y las comunidades en materia fiscal y financiera.

“Esta misma preocupación fue posteriormente expresada de manera verbal por mí misma y por la inmensa mayoría de los representantes del resto de comunidades autónomas durante la reunión del CPFF que tuvo lugar el 11 de diciembre de 2023”, apuntó Albert antes de recordar a la ministra que en aquella reunión “afirmaste rotundamente, pidiendo además que así constara en acta, que no se estaba realizando una negociación bilateral para que Cataluña cuente con una situación particular respecto del resto de comunidades autónomas del régimen común”.

De nuevo, incide la consejera madrileña, hace apenas unas semanas, en la reunión del CPFF del 15 de julio, “a pesar de las continuas informaciones en prensa y de las declaraciones del propio Gobierno de Cataluña, reiteraste que el Gobierno de España no mantenía negociaciones bilaterales sobre la financiación singular de Cataluña” y “dijiste expresamente que no compartías el concierto económico para Cataluña y abogaste por una reforma general del Sistema Financiero Autonómico que debía aprobarse en las Cortes Generales” para la cual, “señalaste en comparecencia pública ante los medios, entendías que lo deseable era que dos partidos como el PP y el PSOE, que representan el interés general de todos los territorios”, se pusieran de acuerdo”.

Sin embargo, lamenta Albert en su carta, “en clara contradicción con todas las afirmaciones hechas por ti hasta el momento, no sólo las más recientes a las que te he hecho referencia como ministra de Hacienda y presidenta del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino también con las que conocíamos de tu trayectoria anterior como consejera de la Junta de Andalucía, esta misma semana hemos tenido la certeza de que las negociaciones bilaterales que nos negabas sí se estaban llevando efectivamente a cabo, certeza innegable una vez que se ha hecho público, tanto por parte de ERC como del mismo presidente del Gobierno el contenido del Acuerdo alcanzado para obtener de ERC el voto favorable a la candidatura del señor Illa a ser investido como próximo presidente de la Generalidad de Cataluña”.

En este sentido, continúa diciendo que el acuerdo que se ha facilitado a través de los medios de comunicación “supone la total ruptura de los principios de igualdad entre todos los españoles y solidaridad entre regiones recogidos en la Constitución, y vulnera tanto la legalidad vigente como los procedimientos establecidos para su modificación y la del SFA, que exigen la participación de todas las comunidades autónomas, puesto que viene a equivaler en la práctica, con la salida de Cataluña del régimen común para entrar en un régimen de concierto no previsto constitucionalmente, a la derogación por la puerta de atrás del SFA y de la Lofca, e incluso puede afirmarse que a una no confesada reforma constitucional, contraria a derecho desde cualquier punto de vista, y contraria también al interés de todos los españoles”.

Albert añade en su carta a la ministra que, “por si esto fuera poco, acabamos de saber también de la existencia de un 'plan B' para garantizar la aplicación del acuerdo aun sin contar con los votos necesarios en las Cortes Generales para la modificación de la Lofca”. Para la consejera esta afirmación en sí misma “ya supone un total desprecio no sólo al Parlamento y a la Constitución, sino a la propia esencia del Estado de Derecho”.

Es por todo ello, y “porque hasta el momento no hemos sabido de tu postura” como ministra de Hacienda, ante “hechos de tanta gravedad”, por lo que, por la presente, “te solicito una explicación detallada y por escrito de la valoración e interpretación que tu Ministerio hace del contenido del Acuerdo y sus efectos, así como la convocatoria posterior urgente, una vez nos sea remitida la información, de un CPFF monográfico sobre esta cuestión”, concluyó Albert.