La cadena alimentaria pide al Gobierno alargar la bajada del IVA hasta septiembre

Las principales organizaciones que conforman la cadena alimentaria han remitido una carta a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, para reclamar que se mantenga hasta finales de septiembre la bajada del IVA y que incluso se amplíe a más productos.

La carta, a la que ha tenido acceso Efe, está firmada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, las Cooperativas Agro-Alimentarias, la patronal de la industria alimentaria FIAB, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) y las tres organizaciones que representan a los supemercados (Anged, Asedas y ACES).

El Gobierno, a partir del Real Decreto ley 20/2022, en aplicación desde el 1 de enero, eliminó el IVA de los productos básicos y bajó del 10 al 5% el de aceites y pastas.

En la misiva, los responsables de la cadena alimentaria insisten que "vistos los efectos de la medida", consideran "necesaria" su ampliación a otros productos de la cesta de la compra.

Según los datos de la Agencia Tributaria, esta medida ha supuesto que las arcas públicas hayan recaudado 254 millones menos por este concepto desde enero hasta abril.

Igualmente, las organizaciones piden que por razones de seguridad jurídica la decisión sobre si esta medida se amplía o no "debería despejarse a la menor tardanza", pues es conocido "el tremendo esfuerzo de adaptación que se tuvo que desarrollar en los últimos días del pasado mes de diciembre".

"La rebaja del IVA fue inmediatamente trasladada a los precios finales y ha servido para contener en buena medida el IPC", defienden los firmantes.

La vigencia de la rebaja finaliza el 30 de junio, si bien la cadena reclama que se mantenga "al menos" hasta finales de septiembre del presente año porque los mercados siguen muy tensionados y por la situación de los hogares que, debido a la subida de precios, incluso han reducido el volumen de productos adquiridos.Argumentan también que se debe ampliar esta medida por la presión que sigue teniendo la cadena alimentaria en relación con su cadena de suministro y por los costes ambientales que se han incorporado, como el impuesto a los envases de plástico.

Los firmantes señalan que "incluso en el actual escenario político, sería plenamente legítimo y comprensible" que el Gobierno en ejercicio de sus prerrogativas pudiera incluirla dentro de un real decreto ley.