La izquierda no comparte la decisión de la Justicia que avala la gestión de las residencias durante la pandemia

El Partido Popular le pide a la izquierda que deje ya de tratar de retorcer el dolor de la víctimas de la pandemia. En la Asamblea de Madrid todos los grupos han valorado la última decisión judicial sobre los fallecimientos en las residencias de ancianos.

Un auto de la Audiencia Provincial ha vuelto a avalar la gestión de la Comunidad de Madrid archivando un nueva causa por el fallecimiento de dos ancianos en un geriátrico de Parla.

Desde Vox han señalado que la formación "confía en la Justicia y respeta todas las decisiones judiciales".

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, cree que la Audiencia Provincial al desestimar el recurso por la muerte de dos residentes en Parla durante la primera ola del Covid-19 remarca que la Comunidad actuó "correctamente" en las residencias.

"En este caso además con una investigación exhaustiva que determina que no hubiera cambiado nada, que todos los pacientes estuvieron atendidos y que por tanto no hubiera cambiado nada", ha explicado a los periodistas en los pasillos de la Asamblea de Madrid tras conocerse este fallo.

Para Díaz-Pache "ha vuelto a quedar acreditado" que no hubo "desatención" y que no habría cambiado nada si hubiera habido más derivaciones a los hospitales. Cree que es un "palo más" contra la izquierda que intenta "retorcer el dolor de las víctimas".

En cambio, para la portavoz adjunta de Más Madrid María Pastor, no supone que se "archive la responsabilidad" de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, con los "protocolos de la vergüenza" y ha recordado que "hay otras que se están investigando". "En concreto hay dos juzgados que ya están investigando los indicios de criminalidad en la gestión de las residencias por parte de Isabel Díaz Ayuso y dos de sus consejeros, Enrique López (Justicia e Interior) y Enrique Ruiz Escudero (Sanidad) tanto en Torrelodones como en Ciudad Lineal", ha apostillado Pastor.

Para la parlamentaria los protocolos hicieron que hubiera "más muertes en la residencia y finales más dolorosos" para los mayores que no fueron trasladados a hospitales.

En el caso del PSOE, la diputada Lorena Morales ha asegurado que "respetan" la decisión judicial pero que no la pueden "compartir" y tampoco la "actitud" del Ejecutivo regional. "Aquí murieron 7.291 usuarios de residencias, el doble que la siguiente comunidad, con más fallecidos porque se les negó su derecho a ser atendidos en los hospitales y además se les dejó morir de forma cruel", ha lanzado Morales, quien ha afeado que "no se facilitara" información sobre las residencias desde el Gobierno autonómico.