Las monjas de Belorado ni entregarán las llaves ni se presentarán al Tribunal Eclesiástico

La Pía Unión Sancti Pauli Apostoli -bajo cuya tutela se han puesto las clarisas de Belorado y Orduña- ha acusado al Arzobispado de Burgos de intentar imponer el Derecho Canónico para disolver la comunidad religiosa a través de la excomunión y quedarse con los conventos, y ha avanzado que no entregarán las llaves ni se presentarán ante el Tribunal Eclesiástico.

Así lo ha asegurado en declaraciones a EFE José Ceacero, miembro de la Pía Unión erigido en portavoz de las monjas, quien ha insistido en que las clarisas ya no reconocen la autoridad del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, por lo que no van a atender a ninguno de los requerimientos que formalmente les hizo el pasado 6 de junio.

“No van a entregar las llaves y menos con un requerimiento canónico”, ha afirmado, en referencia a la petición de que entreguen una copia de las mismas a Iceta, nombrado comisario pontificio por la Santa Sede, lo que le da plenos poderes administrativos, patrimoniales y religiosos sobre la comunidad, según el Arzobispado.

Ceacero ha recordado que el Manifiesto Católico y, posteriormente, la carta pública han sido la forma en la que las monjas han comunicado su salida de la Iglesia católica, y la prueba de que “ya no reconocen la autoridad del arzobispo” por lo tanto no se van a someter a ella, porque sería una incongruencia.

De ahí que tampoco tengan intención de atender el requerimiento para que se presenten ante el Tribunal Eclesiástico para reafirmarse y retractarse de lo que el Código de Derecho Canónico considera un delito de cisma, que acabaría en la excomunión de las religiosas.

Para Ceacero, Iceta está intentando imponer el Derecho Canónico por encima del Civil como única forma de quedarse con los monasterios de las monjas, inmuebles que están a nombre de la entidad jurídica que constituye la comunidad de religiosas, ha recordado, y no de la Iglesia católica.

“Tiene que hacer valer el derecho canónico y, lo primero, es quitarse de en medio a la abadesa. Lo segundo, interrogar una por una a las monjas para que se ratifiquen en su posición y excomulgarlas una por una” porque no cabe una excomunión en grupo, ha aseverado.

Según Ceacero, llegado a ese punto, el arzobispo podría, sirviéndose del Derecho Canónico, disolver la comunidad para que sus bienes pasasen a la Federación de Clarisas, una “trama inmobiliaria” que no respeta el derecho fundamental de libre asociación de las religiosas