El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, aseguró este lunes, durante el Acto de Apertura del Año Judicial, que "cuando la Constitución resulta golpeada, no puede renunciar a defenderse", en referencia a las actuaciones legales emprendidas frente al proceso independentista en Cataluña.
Lesmes hizo esta afirmación en su discurso en el acto presidido por el Rey, al que acompañaban otras autoridades del Estado, como la ministra de Justicia, Dolores Delgado; la fiscal general del Estado, María José Segarra; y representantes de la judicatura, la Fiscalía y la clase política.
En su intervención, en clara alusión a las demandas secesionistas desde Cataluña, el presidente de Supremo se refirió a que la Constitución española puede reformarse "por los mecanismos previstos en el propio pacto constituyente".
Sin embargo, Lesmes destacó que existen casos en la Historia en que un marco constitucional ha sido desbordado por "la violencia o la astucia, cuando no la combinación de ambos". Añadió que estos "procesos de subversión" lo que hacen es alterar "gravemente la convivencia y pueden producir efectos devastadores sobre la paz interna de un Estado".
DECISIONES DE ALEMANIA Y BÉLGICA
Por ello, Lesmes añadió, en clara referencia al 'procés', que "cuando la Constitución resulta golpeada, no puede renunciar a defenderse, pues ello comportaría renunciar a la defensa de sus principios configuradores y el propio Estado, que es democrático y de Derecho".
A este respecto, el presidente del Poder Judicial añadió que la "experiencia reciente" en España, en alusión de nuevo a la situación en Cataluña, ha puesto de manifiesto que "frente a ataques graves al interés general de toda la nación existen resortes operativos inspirados en el modelo alemán de la denominada coerción federal", porque "el sistema constitucional no puede ser indiferente a la hora de defender los postulados democráticos que el Estado de Derecho garantiza".
Además, Lesmes se refirió a las decisiones tomadas por jueces de Alemania y Bélgica contra la actuación legal en España contra el 'procés'. Dijo al respecto que las actuaciones de los magistrados de estos países han generado "grave incertidumbre", ya que lo que han hecho es "interpretar de forma unilateral conceptos jurídicos autónomos del denominado espacio europeo de libertad, seguridad y justicia".
LEALTAD CONSTITUCIONAL
El presidente del Consejo General del Poder Judicial insistió en que la "lealtad constitucional" es "algo más y algo distinto" a la mera "aceptación del carácter normativo de la Constitución, y no tiene que suponer, necesariamente, una identificación emocional acrítica con ella". A su jucio, esa lealtad es "deseasble, no sólo para los ciudadanos, sino también para los poderes públicos" como condición indispensable para que exista un diálogo "fructífero y tolerante, sin perversiones ni ambigüedades en el uso del lenguaje".
En defensa de esos principios, dijo Lesmes, los jueces "asumimos con abnegación, prudencia y responsabilidad el protagonismo que nos encomienda la sociedad para su defensa". En este punto se refirió a los ataques sufridos por algunos jueces, de entre los que citó como los "más preocupantes" los recibidos de responsables políticos "cuyos reproches resultan censurables en el marco del respeto institucional".
Ante estas actuaciones, advirtió, el Consejo General del Poder Judicial "ha actuado y seguirá haciéndolo, sin vacilaciones, en defensa de los jueces y magistrados y de su decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos".
Eso no significa "blindar al juez ante la crítica", puesto que los magistrados también están sujetos al escrutinio de la opinión pública. Pero el juez, dice Lesmes, "ejerce una profesión de alta cualificación técnica y su destreza y rigor a la hora de aplicar las normas debe examinarse desde la honestidad que proporciona una información responsable y veraz, sin efecto moralizador alguno".
LA FISCAL GENERAL: EN ESPAÑA NO HAY PRESOS POLÍTICOS
Por su parte, la fiscal general del Estado, María José Segarra, subraya que en España en el siglo XXI "nadie es perseguido por sus ideas", sino por la presunta comisión de hechos delictivos, por lo que "no puede hablarse de presos políticos".
Segarra se pronuncia así en la Memoria de la Fiscalía relativa al año 2017 en relación con el proceso secesionista, cuyos responsables serán juzgados próximamente en el Tribunal Supremo.
Un "verdadero desafío", a juicio de la fiscal general, quien reitera el compromiso del Ministerio Fiscal con el Estado de Derecho y con la defensa de la legalidad constitucionalmente establecida.
"La ley nos vincula a todos, porque sin ley no hay democracia", recalca la máxima responsable de la Fiscalía, quien no obstante tiene claro que las garantías procesales amparan a toda la ciudadanía, "y el Ministerio Fiscal velará por su estricto cumplimiento".
Segarra expresa su respeto a todos los fiscales que, de una u otra forma, ejercen "la difícil labor profesional de ofrecer una adecuada respuesta penal ante los graves hechos sucedidos en Cataluña en los últimos meses".Y promete especial firmeza "frente a cualquier intento de condicionar, personal o profesionalmente" a los fiscales que ejercen sus funciones en Cataluña, "a quienes quiero mostrar un apoyo absolutamente inequívoco".
