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Los ayuntamientos tendrán potestad para imponer peajes en sus centros urbanos. Es una de las novedades de la Nueva Ley de Movilidad aprobada este martes por el Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, que tendría que haber entrado en vigor el año pasado, pero cuya tramitación decayó por el adelanto electoral.

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Así, el Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible puede reiniciar su tramitación parlamentaria, con el objetivo de que entre en vigor antes de finalizar el año, de acuerdo con el nuevo compromiso que el Gobierno ha contraído con Bruselas.

La nueva ley introduce, asimismo, la obligación de que las empresas, incluidas las del sector público, dispongan, en el plazo de 24 meses desde su entrada en vigor, de planes de movilidad sostenible al trabajo para aquellos centros con más de 500 trabajadores o 250 por turno.

Estos planes deben ser negociados con la representación legal de las personas trabajadoras o, en su defecto, con una comisión integrada por los sindicatos más representativos del sector.