Los acusados de la muerte del dueño de un bar de San Blas reconocen su implicación

El cuñado político del hostelero de San Blas asesinado en marzo de 2020 ideó un plan para robarle la recaudación y encargó el atraco a dos toxicómanos que conoció días antes en un bar, a quienes suministró dos cuchillos y datos sobre los itinerarios de la víctima.

"Fue un robo que salió mal ejecutado por dos drogodependientes", ha alegado una de las defensas en la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid. Las defensas han emplazado a los miembros del jurado que valoren la situación de drogodependencia de dos de los procesados en aquella época.

El supuesto inductor se encuentra en libertad provisional, mientras los otros dos permanecen en prisión provisional desde su detención, que tuvo lugar en febrero de 2021. La familia de Juan Miguel pide para los tres que sean condenados a prisión permanente revisable.

El crimen se produjo la noche del 6 de marzo de 2020 cuando Juan Miguel cerró su bar y se dirigió junto a su pareja Graciela y su cuñada al lugar donde tenía el coche aparcado en la calle de Hinojosa del Duque. Cuando estaban dentro del vehículo, fue apuñalado en el cuello. La puñalada le atravesó la tráquea y cayó fulminado. Los delincuentes huyeron del lugar sin robar nada.

Entre el público se han sentado familiares y allegados de la víctima, una persona muy querida en San Blas. Su madre no ha podido evitar las lágrimas al escuchar las alegaciones previas al juicio. En sus declaraciones, los tres acusados se han roto al mostrarse arrepentidos de lo sucedido. "Por desgracia, esto me va a seguir el resto de mi vida", ha subrayado uno de ellos.

En su informe, la fiscal sostiene que los procesados tenían intención de robar pero "se les fue de las manos" porque la víctima se enfrentó a ellos. Mientras, la acusación particular que representa a los hijos mantiene la tesis de que buscaban matarle.

Juan Miguel no tuvo posibilidad de defensa y sus asesinos se aseguraron la muerte", ha subrayado el abogado de la familia, quien ha incidido en que el crimen se produjo en un lugar poco iluminado y con el rostro cubierto.

La fiscal sostiene que David M. B. fue el inductor de los hechos mientras que la familia le sitúa como cooperador necesario, ya que sin sus planes el delito no se podría haber ejecutado al ser la persona que dio las armas y los itinerarios. Los otros dos acusados no conocían a la víctima.

Pese a ello, la familia solicita para los tres prisión permanente revisable. La defensas solicitan 8 años de cárcel al considerar que concurren en el caso de Manuel y José Ramón las atenuantes de confesión tardía, reparación del daño y una analógica por adicción a las drogas.

En el juicio se ha desvelado que David pertenecía al entorno de Juan Miguel al haber sido expareja de su cuñada. Se enfrenta a una petición fiscal de 17 años de cárcel por homicidio y robo con violencia en grado de tentativa, mientras que los otros dos afrontan una pena de 15 años y tres meses de prisión.

Manuel reconoció ya en instrucción haber participado en el crimen y logró recaudar entonces dinero para resarcir económicamente a su familia. En la época de los hechos, era toxicómano y hacía lo que fuera necesario, según su defensa, para conseguir dinero para droga.

Por su parte, José Ramón, que fue el autor material, era también en esos momentos drogodependiente a la cocaína y a los fármacos. Tres años después, se ha rehabilitado por su estancia en prisión.

En su turno, la abogada de David ha recalcado al tribunal que esa noche había planeado "un tirón que salió mal" y que nunca hubo una intención de matar, negando que fuera la persona que suministrara los cuchillos. Recuerda que su cliente se llevaba muy bien con la víctima y no le quería causar ningún daño. Tras el crimen, acudió a la comisaría y confesó lo ocurrido, culpando a los otros dos.