Los primeros supremacistas juzgados en España aceptan hasta tres años y medio de prisión

Dos supremacistas blancos han aceptado este jueves en la Audiencia de Lleida sendas condenas de dos años y medio y tres años y medio de cárcel por difundir en redes sociales mensajes que animaban a atentar contra inmigrantes, homosexuales o discapacitados.

En el primer juicio contra supremacistas blancos que se celebra en España, los procesados han pactado con la Fiscalía, que inicialmente pedía penas de hasta diez años y diez meses, una condena de dos años y medio en el caso de W.R.P. y otra de tres años y medio para C.A.L., que suma a un delito de odio otro de tenencia ilícita de armas.

Ambos condenados, que en el juicio de hoy en la Audiencia Provincial de Lleida se han negado a responder a las preguntas de la fiscal, entre los años 2018 y 2020 “se pusieron de acuerdo para difundir en redes sociales y foros de internet material que denigraba a personas no blancas, no heterosexuales, discapacitados o procedentes de zonas de fuera de Europa”, argumenta el escrito del ministerio público.

Los abogados de ambos acusados han admitido que han alcanzado una conformidad “para salvaguardar sus intereses” al atender que el delito de odio “tiene una sensibilidad social muy acusada” y lamentan que sus clientes hayan sido víctimas de “una caza de brujas imputándoles delitos que no tienen ni pies ni cabeza”.

Hace meses la Audiencia Nacional derivó el procedimiento a la Audiencia de Lleida al entender que no había recorrido legal para las acusaciones de terrorismo y pertenencia a banda criminal.

Tras la conformidad, el juicio ha proseguido únicamente para un tercer acusado, J.E.A., por delitos contra la salud pública -por la marihuana y otras drogas que se intervinieron en la masía donde los acusados pretendían montar una "milicia"- y tenencia de armas, por lo que afronta 5 años y ocho meses.

Este tercer acusado justificó la posesión de ketamina en su casa porque su familia es propietaria de una explotación ganadera y está habitualmente en disposición de esta sustancia prescrita por su veterinario, para administrarlo a los animales.

Además, el acusado aseguró que todas las armas incautadas por la policía eran propiedad de su hermano, por lo que su abogado ha pedido al inicio del juicio la nulidad de todo el procedimiento al entender que se habían vulnerado derechos fundamentales como la presunción de inocencia y de defensa. Sin embargo, la juez de la Audiencia de Lleida ha desestimado su petición y su caso ha quedado visto para sentencia.