Los Vicerrectores de la Complutense no se pronuncian sobre pagos de la cátedra de Begoña Gómez

El exvicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, y su predecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio, han declarado al juez que no tenían competencias sobre las facturas de la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez, incluidos los pagos derivados del software desarrollado en el marco de dicha cátedra.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press confirman que así se han manifestado este viernes ambos testigos en el marco del procedimiento que sigue el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Coello de Portugal ha declarado durante unos 50 minutos aproximadamente, mientras que Doadrio ha estado poco más de media hora. Los dos han contestado a las preguntas de las acusaciones. Según las fuentes consultadas, la Fiscalía solo ha hecho una pregunta al final del interrogatorio.

En el marco de sus comparecencias, ambos testigos --que tenían obligación de contestar a todas las partes con la verdad-- han explicado cómo se creó la cátedra que dirigía Gómez y cuál es el funcionamiento de la Comisión Mixta de seguimiento de la cátedra extraordinaria para la transformación social competitiva del 2 de julio.

En concreto, sobre esa comisión --cuya última convocatoria fue del 2 de julio de 2024-- el vicerrector Coello de Portugal habría confirmado que no se aceptaron documentos aportados por Gómez relativos a la cátedra por prudencia, dado que había un procedimiento abierto.

LAS TRES FACTURAS

Sobre las facturas que refleja el informe elaborado por la UCM presentado al juzgado, han explicado que la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales no tiene competencia sobre ese tipo de gastos y, de hecho, Diodrio habría comentado que cuando tuvieron lugar él ya había cesado en el cargo.

Las facturas en cuestión se refieren a tres partidas relacionadas con la cátedra. La primera una factura presentada por la empresa 'Making Science Group S.A.' por la prestación del servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC por importe de 24.200 euros.

La segunda es un contrato menor cuyo objeto fue el 'Servicio de Consultoría y Asistencia para la Escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva' con importe de adjudicación de 18.148 euros.

La tercera partida, por su parte, es un procedimiento abierto simplificado cuyo objeto fue la 'Asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la Pequeña y Mediana Empresa' cuyo importe de adjudicación fue de 60.500 euros.

EL JUEZ AVISA DE QUE IMPONDRÁ MULTAS SI HAY FILTRACIONES

Por otro lado, las fuentes consultadas han comentado que al inicio de la comparecencia el magistrado habría apercibido a las acusaciones de que impondría multas en caso de tener conocimiento de que daban cuenta de lo declarado por ambos cargos de la Complutense en el juzgado.

Coello de Portugal y Doadrio han comparecido ante el juez después de que este mismo viernes Begoña Gómez se acogiera a su derecho a no declarar toda vez que su abogado se lo ha recomendado por apreciar falta de garantías en el procedimiento que se dirige en su contra por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Cabe recordar que en el procedimiento se han acumulado al menos tres querellas contra Gómez: la de Manos Limpias, que dio origen a la investigación; la de Hazte Oír; y la de Vox.

En concreto, Vox presentó una querella contra Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el software que patentó en el marco del máster de la UCM que codirigía.

La formación sostiene que Gómez "prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno y de su condición privilegiada en la UCM (...) habría desarrollado un software para empresas a través de recursos de naturaleza pública; cuando las empresas Telefónica, Google e Indra, esta última participada en un 28% por la SEPI, declinaron la continuación del proyecto software de la querellada".