Luis Medina y Alberto Luceño coinciden en los juzgados y evidencian su distanciamiento

Expectación en los juzgados: decenas de periodistas y cámaras esperan la salida de los dos empresarios imputados por el caso de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid.

Los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño están ante el juez. Han acudido al juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla para declarar como imputados por estafa al Ayuntamiento de Madrid por las comisiones millonarias que percibieron al mediar para la compra de material sanitario en lo peor de la pandemia. No han llegado juntos al edificio judicial.

Luis Medina ha llegado pasadas las 11.40 horas en taxi a las dependencias judiciales. Nada más salir del vehículo, ha sido rodeado por decenas de periodistas que le esperaban en la puerta y ha llegado a la entrada a empujones. Incluso en algún momento se ha golpeado contra las vallas de acceso.

En el pasillo, el hijo menor de Naty Abascal ha coincidido con Alberto Lueño pero se han sentado con distancia entre ellos separados por dos bancos, según fuentes jurídicas. Sin embargo, nada más verse se han saludado y cada uno se ha ido rápido a un banco. Luis Medina manifestó ante el fiscal que su socio no le volvió a coger el teléfono desde agosto de 2020.

El instructor investiga una querella de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, hechos que el magistrado ve "graves" al tener lugar "en el momento más álgido de la pandemia" cuando había "miles de fallecimientos diarios.

El fiscal Luis Rodríguez Sol, que firma la querella, sostiene que los comisionistas, con ánimo de obtener "un exagerado e injustificado beneficio económico", ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir "grandes remesas de material sanitario fabricado en China".

Luis Medina como intermediario obtuvo una comisión de un millón de euros, que destinó a la compra de un velero por 325.515 euros y a dos bonos de inversión por valor cada uno de 200.000 euros.

El sumario de la investigación destapó que días después de recibir las transferencias de la empresa malaya Leno, el aristócrata transfirió el dinero a una cuenta en Países Bajos, dejando una de sus cuentas prácticamente vacía y otra en números rojos.

En la querella, el fiscal solicitó el embargo del velero y de las cuentas bancarias. Al comprobar el juez que tenía menos de 250 euros, procedió a fijar a instancias de Anticorrupción una fianza de 981.000 euros, en cuyo caso de impago se procederá a embargar los derechos hereditarios del investigado en relación a la herencia de su abuela, la duquesa de Medinaceli.

A Medina se le investiga también por la presunta comisión de un delito de alzamiento de bienes después de que el magistrado comprobara que el investigado realizó disposiciones de sus bonos y patrimoniales desde el 13 de abril de 2021, fecha en que fue citado a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción.

Únicamente se le ha podido embargar el velero matriculado en Gibraltar y una cuenta corriente con saldo positivo de 247,26 euros para cubrir la responsabilidad civil de los presuntos delitos investigados, cuya cantidad en su caso asciende a 1,2 millones de euros.