Manifestantes de Levante exigen a Ribera que frene el recorte del trasvase o que dimita

Los manifestantes del Levante que han protestado este miércoles en Madrid contra el recorte del trasvase del Tajo al Segura han exigido que a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que reconsidere su "decisión sectaria y radical de recortar innecesariamente" ese caudal o que dimita.

Unos 7.000 manifestantes, según la Delegación del Gobierno en Madrid (entre 11.000 y 15.000 según los organizadores) se han dado cita esta mañana en Madrid para protestar por este recorte, en una concentración a la que se han sumado representantes de partidos políticos de todo signo de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía.

En un manifiesto leído al final del acto, los organizadores han exigido a Teresa Ribera que "gobierne con equidad" para todos o que, de lo contrario, cese en su cargo antes de llevar a cabo su plan para el trasvase.Según su opinión, es "conveniente" llevar agua a la zona del levante no solo por el bien de su agricultura, su turismo y su medioambiente, sino también por el bien del país.

"A la cuenca del Segura no se le puede restar un solo metro cúbico de agua. Hay que sumarle recursos, no restarle, y menos aún por contiendas políticas territoriales", han asegurado las organizaciones convocantes en un manifiesto.

Varios miles de regantes, políticos y representantes socioeconómicos del Levante, junto a medio centenar de tractores y camiones, han llegado este miércoles a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en Madrid.

En su escrito, han pedido a la ministra que reconsidere su "decisión sectaria y radical de recortar innecesariamente el trasvase", después de que su equipo técnico dejara entrever en un borrador de proyecto de real decreto que es posible no elevar caudales actuando en el Alto Tajo e invirtiendo en modernización de regadíos y depuración.

En su lugar, los manifestantes han exigido inversiones "en acciones reales para el río Tajo, que mejoren la calidad de las aguas y la vida de los ciudadanos que viven en sus laderas", sin "dejarse llevar por ideas preconcebidas" que aumenten la brecha del déficit hídrico en la cuenca del Segura.

Han advertido también de las consecuencias de poner en riesgo el trabajo de decenas de miles de agricultores del Levante, colocando "al borde del colapso a las economías de sus regiones".

Además, han insistido en que el agua "no es una batalla política entre comunidades autónomas, sino un asunto de Estado y un derecho igualitario para todos los españoles".

"Estamos cansados de tener que mendigar lo que por derecho nos corresponde. Aguas excendentarias, sobrantes de la cuenca del Tajo, no de ninguna comunidad autónoma, pertenecen al Estado. A esas aguas tenemos tanto derecho como cualquier otro español, máxime cuando llevamos usándolas, pagándolas y amortizando su infraestructura desde hace 43 años", han afirmado los convocantes.