Mañueco niega cambios en el protocolo para embarazadas y  zanja que no se obliga "a nada" ni a médicos ni a mujeres

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha negado que se vayan a introducir cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas, al tiempo que ha aclarado que no se obligará "a nada" a médicos o pacientes, ya que serán éstas las que decidirán "libremente" si precisan más información.

Fernández Mañueco se ha referido de este modo a través de una Declaración Institucional al protocolo con medidas "provida" que defendió el pasado jueves el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y ha garantizado que lo que sí va a hacer la Junta es mejorar "las prestaciones" a las mujeres embarazadas.

"Las medidas que se implantarán mejoran y modernizan las prestaciones y las actuaciones en la aplicación de la cartera de servicios de atención a la mujer embarazada, no se modifica la cartera de servicios del Estado básica y común para España ni protocolo de Castilla y León", ha explicado.

Asimismo, el presidente de la Junta ha manifestado su "estupefacción" ante el requerimiento del Gobierno central para dar marcha atrás en las medidas anunciadas, un documento que, por otra parte, aún no ha recibido, y que, además, aborda una cuestión sobre "la que no existe ningún acuerdo tramitándose", por lo que, como ha considerado, el Ejecutivo central intenta sacar un "rédito político" del asunto, lo que ha considerado "lamentable".

Fernández Mañueco ha reclamado al Ejecutivo que deje de hacer política con las mujeres y le ha exigido que se centre en modificar la "chapuza" de Ley del Sí es Sí "cuanto antes".

No obstante, el presidente de la Junta ha insistido en que, además, con las medidas anunciadas la Junta no se actualiza "en ningún caso" el protocolo de atención a las mujeres que son sometidas a una interrupción voluntaria del embarazo y que siempre se tendrá en cuenta en la Comunidad "la voluntad de la mujer, la legislación vigente y el criterio médico".

"No se obligará a las mujeres embarazadas a nada, serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición. Y, por supuesto, tras esta inquietud voluntariamente formulada por cualquier mujer embarazada, los facultativos conocerán y podrán facilitar, según su criterio clínico", ha explicado Fernández Mañueco, quien ha añadido: "Tengo muy claro que alterar el orden de estos dos factores puede derivar en coacciones directas e indirectas a la mujer embarazada y por tanto, la Junta de Castilla y León ni las va a promover ni las va a amparar".

"Ni el Gobierno que presido ha contemplado obligar a los profesionales sanitarios a ofrecer medidas coercitivas a las mujeres embarazadas, ni el Gobierno que presido va a aceptar que el Gobierno de España utilice a las mujeres para hacer oposición a la Junta de Castilla y León", ha zanjado el presidente, quien ha explicado que con esta "ampliación" de prestaciones lo que se busca es "busca de promover la natalidad".

Por último, el presidente de la Junta ha defendido que el único objetivo de la Junta es ayudar a las mujeres embarazadas que, a su juicio, han sido "utilizadas" de "manera interesada" por el Gobierno.

SIETE AÑO DESPUÉS, EL GOBIERNO RECUPERA EL REQUERIMIENTO DE A UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA

La última vez que el Gobierno central envió un requerimiento a un Ejecutivo autonómico a través de un Ministerio, como el que remitió este fin de semana el gabinete de Pedro Sánchez a Castilla y León contra las medidas sobre el aborto, se produjo en el año 2016. Fue cuando el exministro de Educación Iñigo Méndez de Vigo se dirigió a siete comunidades por incumplir la normativa estatal en la 'reválida', una situación que se resolvió seis meses después mediante un acuerdo.

De esta manera, el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a recuperar siete años después la figura del requerimiento a una comunidad autónoma mediante el Ministerio de Sanidad. En esta ocasión, el Ejecutivo central pide que no se apliquen las medidas que vulneran el derecho al aborto y no descartan implementar actuaciones jurídicas adicionales en caso de que el requerimiento oficial no se efectúe de manera íntegra e inmediata.

DISTINTO AL REQUERIMIENTO A TRAVÉS DEL PRESIDENTE

El requerimiento oficial a una comunidad autónoma a través de un Ministerio es distinto a que lo mande el presidente del Gobierno, como ocurrió en 2017 con el requerimiento que mandó Mariano Rajoy a la Generalitat de Cataluña como paso previo para aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Pero antes, en 1989, el Gobierno de Felipe González acordó en el Consejo de Ministros enviar un requerimiento oficial a Canarias para la aplicación del desarme arancelario del Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea. El Ejecutivo autonómico presidido por Lorenzo Olarte, de CDS, finalmente decidió aplicar esta norma, aunque criticó duramente este requerimiento de Moncloa.