Más informes psicosociales para ayudar en las sentencias judiciales en Madrid

La Comunidad de Madrid ha firmado un convenio con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (COPM) para reforzar la emisión de informes psicosociales en órganos judiciales, con una inversión de cerca de 700.000 euros para este año.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha rubricado este martes en la Real Casa de Postas el acuerdo con el decano del COPM, José Antonio Luengo.

García Martín ha defendido que llevan tiempo trabajando en dotar de "más y mejores medios a la Administración de Justicia" y concretamente ha destacado el compromiso del Gobierno regional para "facilitar que las causas judiciales que requieren de un informe psicosocial para su resolución dispongan de él de manera ágil y eficaz".

Con este convenio, con el que se espera realizar más de 800 informes, psicólogos expertos en esta materia se suman al trabajo que ya realizan los equipos psicosociales de la Comunidad --compuestos por 170 psicólogos y trabajadores sociales--. "Sumamos el talento y el trabajo del Colegio al que ya viene desempeñando la Comunidad de Madrid", ha destacado el consejero.

El titular de Justicia ha subrayado, asimismo, el alcance de esta actuación que permitirá que se disponga de los informes en tiempo y forma para garantizar la tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos.

PLAN DE CHOQUE

El acuerdo complementa el Plan de Choque que el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha, con medidas como el nombramiento de 10 grupos de refuerzo --dos para los juzgados de Instrucción y Vigilancia Penitenciaria de Madrid y el resto a cada uno de los partidos judiciales con más carga de trabajo-- cuatro nuevos equipos psicosociales que actuarán como Unidades de Valoración Forense Integral, así como la creación de un protocolo para la emisión de informes.

Por su parte, Luengo ha defendido la colaboración entre instituciones que permite al Gobierno madrileño servirse de unos recursos avalados para "sacar adelante las tareas que son imprescindibles para el adecuado ejercicio de las funciones que la Administración tiene y que tiene que ver con las necesidades de las personas, y sobre todo con aquellas que tienen más dificultades".

"Nos damos la mano para ayudar a la gente, a las personas que más necesidades tienen, en un momento en el que la Administración (regional) lleva tiempo haciendo esfuerzos muy marcados para dar una mejor atención", ha remarcado.