Miguel Garrido, reelegido presidente de la CEIM

Miguel Garrido de la Cierva ha vuelto a ser elegido como presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEIM (CEOE) en la Asamblea General en la que ha cargado duramente contra la "campaña de hostilidad" del Gobierno de Sánchez contra las empresas.

Garrido, que estará al frente de la patronal de los empresarios de Madrid, ha destacado que su anterior mandato ha sido "complicado" ante la incertidumbre del Covid-19 y los efectos de la Guerra de Ucrania; que ha sido agravada por el Ejecutivo central que, entre otros, ha llevado a cabo una campaña de "criminalización" de los beneficios empresariales.

En esta clausura han estado presentes, entre otros, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo en funciones de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty; y el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Angel Asensio; y la secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto.

Garrido en su discurso ha criticado, uno por uno, a los ministros que tienen responsabilidades económicas, desde la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; hasta la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; pasando por María Jesús Montero (Hacienda) y José Luis Escrivá (Seguridad Social).

En la primera en la que ha fijado la mirada ha sido a Calviño, a quien ha reconocido que acogieron con "enorme esperanza" tras su trabajo en Bruselas, pero a quien ha afeado que "ha demostrado que ha primado el relato a los hechos". Ha puesto como ejemplo de ello que Espala solo haya recuperado el PIB prepandemia este trimestre o que asegurase que la inflación iba a ser algo estructural.

Sobre Escrivá, ha aseverado que ha "vuelto a agravar" al situación de la sostenibilidad de las pensiones y le ha acusado de implementar "incrementos brutales" en la presión a empresarios y autónomos, mientras que a María Jesús Montero la ha responsabilizado de dedicarse a un "gasto desbocado" y cargar a las arcas públicas medidas electoralistas a la vez que incrementaba la presión fiscal.

En quien más se ha detenido es en la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz sobre quien ha afirmado que ha llegado un punto en el que no "se entiende" su retórica.

En este punto, ha criticado el Estatuto del Becario y que Díaz hable de diálogo social cuando se ha "marginado" a las empresas y al sector educativo en la toma de esta decisión. Entiende que ese ha intentado "forzar una regulación" para evitar un fraude en contratos de prácticas que podría haber perseguido desde su Ministerio sin cambiar una norma, que va a "dificultar enormemente el acceso de los jóvenes al mundo profesional".

Por su parte el consejero el consejero de Economía, Hacienda y Empleo en funciones de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha hecho un balance de la relación con los agentes sociales la pasada Legislatura, que considera que se ha basado en un trabajo "fluido y fructífero".

"Estos cuatro años han sido muy útiles. Ha habido un buen desarrollo de la economía, que ha sido mérito de las empresas y del marco que ha dado el Gobierno con menos impuestos y más libertad", ha defendido Fernández-Lasquetty.