Miles de empresas catalanas podrían verse afectadas con la propuesta de multas de Junts

Miles de empresas se fueron de Cataluña a otras regiones de España tras la crisis política de octubre de 2017 y pocas de ellas han regresado, algo que Junts quiere cambiar con su propuesta de multar a aquellas compañías cuyos centros operativos estén alejados de sus sedes sociales. Esta es una de las peticiones del partido encabezado por Laura Borràs al Gobierno para dar luz verde a los decretos anticrisis, los que de momento tienen el "no" de la formación catalana.

El objetivo es encontrar una vía para que las empresas que han cambiado la sede social en los últimos años, pero que mantienen la operativa en Cataluña, regresen a la comunidad autónoma para evitar las sanciones.

En caso de que el Ejecutivo respondiese a la petición de Junts, miles de empresas tendrían que plantearse volver a trasladar su sede social o reabrir sus centros productivos en el mismo territorio en el que está anotada en el Registro Mercantil.

Sería el caso de empresas del Ibex-35 como Caixabank, Banco Sabadell, Naturgy, Cellnex y Colonial, las cuales están ya asentadas en otros territorios y no barajaban antes del anuncio de Junts volver a modificar su sede social.

El presidente de Natur House, Félix Revuelta, tiene claro que multar sería una locura. "De esa forma no se consige" y sostiene que, en su caso, de ser multado recurriría la decisión ante los tribunales.

Pocas grandes empresas han vuelto a Cataluña desde su salida hace ya cinco años, entre las que se encuentra la gestora de distribución de agua Agbar, que volvió a fijar su sede social en Barcelona en septiembre de 2018 en pro de "la estabilidad económica".

Grifols y Fluidra son las únicas cotizadas que han mantenido su sede social en territorio catalán.

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, apuntó que la propuesta de Junts "no tiene respaldo jurídico" porque "las compañías pueden tener su sede social donde quieran".

FUGA DE EMPRESAS ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE PUIGDEMONT DECLARASE LA INDEPENDENCIA

El temor a que el otrora presidente de la Generalitat Carles Puigdemont declarase la independencia de Cataluña -que hizo efectiva el 27 de octubre de 2017 y posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional- provocó la fuga de más de 3.000 empresas en apenas dos meses, un goteo que no ha cesado en los últimos años.

El Banco Sabadell desencadenó la salida masiva de empresas el 5 de octubre con el traslado de su sede social a Alicante, que poco después fue seguido por Caixabank, que se aprovechó del decreto ley aprobado por el Gobierno para facilitar la operación sin pasar por junta de accionistas y cambió Barcelona por Valencia. También dieron el paso Gas Natural Fenosa -ahora llamada Naturgy-, la Fundación Bancaria La Caixa, Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa, Applus+, Catalana Occidente, eDreams, VidaCaixa, Indukern, Planeta, Hotusa, Codorníu, Idilia Foods o Cementos Molins.

Asimismo, compañías extranjeras como Zurich, Allianz, Bimbo o Banco Mediolanum decidieron llevarse su sede social fuera de Cataluña, al igual que miles de empresas de menor tamaño, en búsqueda de una mayor estabilidad jurídica.

EL MINISTRO DE INDUSTRIA RECHAZA MEDIDAS "IMPOSITIVAS O COERCITIVAS"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, manifestó este miércoles que “en ningún caso” el Gobierno se plantea medidas “impositivas” o “coercitivas” para forzar a las empresas a volver a Cataluña.Así se expresó Hereu en unas declaraciones a la prensa en el Senado, donde se debaten hoy los reales decretos ley con las medidas de apoyo contra la crisis en el aire.

Preguntado por la propuesta de Junts de imponer multas a las compañías que no vuelvan a Cataluña, defendió que el retorno se debe basar en “una agenda del reencuentro y la normalización para que las empresas puedan ir a Cataluña o a cualquier sitio”. En todo caso, aseguró que “vamos a cumplir los compromisos” adquiridos en la investidura y añadió que se trata de generar “seguridad jurídica y previsibilidad” para las empresas. Además, señaló que este asunto se debe abordar con “diálogo” y analzando las distintas propuestas existentes, como la de incluir incentivos a través de la Ley de Sociedades. “Estamos iniciando los trabajos”, apuntó.