Continúan las negociaciones entre PSOE y Junts para tratar de cerrar un acuerdo de investidura cuanto antes. Han vuelto a reunirse en Bruselas, desde donde el fugado Puigdemont de momento mantiene paralizado el acuerdo con sus exigencias a Pedro Sánchez.
La cúpula de Junts se ha reunido este lunes en el Press Club de Bruselas a la espera de cerrar un acuerdo sobre la amnistía que desbloquee un posible pacto de investidura con el PSOE, cuyo secretario de Organización, Santos Cerdán, ha viajado también a la capital belga, donde aún no se ha dejado ver el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Los de Puigdemont pretenden incluir también a otros procesados no relacionados con el procés. Entre ellos, encausados por corrupción o procesados de lo que denominan 'lawfare', que consideran víctimas perseguidas por jueces y policías por motivos políticos. Entre ellas, estarían el abogado de Puigdemont, el clan Pujol o a la presidenta de Junts, Laura Borràs.
Sin embargo, este mismo lunes el portavoz de los Comuns, Joan Mena, ha rechazado que el caso de Borràs, pueda incluirse en la ley de amnistía. Algo a lo que hasta ahora también se resisten socialistas y Sumar.
El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que diagnosticó este lunes que el acuerdo de investidura es “inminente”, apuntó que la amnistía “tiene que incorporar hechos vinculados al conflicto político de octubre de 2017”, sin especificar concretamente nombres y apellidos porque eso sería "un indulto" estamos hablando de una amnistía que es una cosa general. Descarta, en este sentido, que afecte a causas relacionadas con corrupción y considera que el texto no aludirá a nombres concreto.
Esquerra advierte a quienes negocian hay que ser meticulosos para que la amnistía pase el filtro judicial. "Lo que debemos hacer es conseguir que la ley de amnistía sea una ley que no sea arbitraria" ni ambigua, ha argumentado la dirigente republicana Marta Rovira, que ha avisado de que cuando conozcan la propuesta de Junts tendrán que garantizar que es lo suficiente segura para que no sea impugnada por el Tribunal Constitucional.
En este sentido, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, espera que la amnistía "se pueda registrar cuanto antes en el Congreso de los Diputados para ser aprobada en los próximos meses" y "que las personas que están sufriendo la represión en el exilio" puedan "recuperar la plenitud de sus derechos".
Mientras el PSOE ha sumado un nuevo voto el del BNG, aunque el PNV reclama su protagonismo. El lehendakari Iñigo Urkulu ha recordado este lunes que al Gobierno de España no solo le queda por cerrar un acuerdo con Junts para poder investir a Pedro Sánchez como presidente, sino también con el PNV, y ha destacado que al Ejecutivo del Estado todavía le queda por cumplir el Estatuto y "garantizar" el autogobierno vasco.
Y Podemos dice ahora que tampoco asegura su apoyo a Sánchez. Sera la Asamblea de Podemos la que tomará la decisión e insisten en pedir que Irene Montero siga en Igualdad.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este lunes que su partido va a presentar una querella contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por la comisión de un presunto delito de cohecho al impulsar la ley de amnistía a cambio de su investidura, y que se querellará también, en su caso por prevaricación, contra los miembros de las Mesas del Congreso y el Senado que califiquen esa iniciativa, a su juicio, "inconstitucional". Alegan que el cohecho radica en que Sanchez amnistia a politicos a cambio de votos para permanecer en el poder.