El Poder Judicial pide acatar y respetar la inminente sentencia del 'procés'

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y la fiscal general del Estado, María José Segarra, han pedido a todos los españoles y a los poderes públicos que acaten y respeten la sentencia del 'procés', que se conocerá en las próximas semanas, probablemente en octubre.

La sentencia del 'procés' y las felicitaciones por el "normal desarrollo" de la vista contra los 12 líderes soberanistas han acaparado las alusiones de ambos en sus respectivos discursos con motivo de la apertura del año judicial ante el rey, pronunciados días después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, llamara a la "desobediencia civil" si el fallo no es absolutorio.

Sin mencionar expresamente la resolución, Carlos Lesmes ha afirmado en el Salón de Plenos donde el pasado 12 de junio quedó visto para sentencia el juicio, que "el respeto al derecho comporta ineludiblemente el respeto a la decisión judicial" porque "nuestro Estado no será democrático si no se garantiza el respeto al derecho".

Más directa ha sido Segarra, que ha destacado la "imperiosa obligación" de todos los españoles de "acatar la sentencia que se dicte" en el juicio del "procés", "sea cual sea el sentido de la misma", ya que la "única forma posible" de garantizar la convivencia en un Estado democrático es mediante el respeto a la ley.

Ello se produce a escasas semanas de que se haga pública la sentencia que condicionará a corto y medio plazo la agenda política nacional y regional, especialmente en Cataluña, cuyos líderes independentistas anticipan ya una respuesta contundente en caso de condena.

Conscientes de lo que ha supuesto un juicio "tan mediático", cada uno ha aprovechado la ocasión para elogiar la respuesta y el trabajo de los jueces y fiscales que intervinieron en el enjuiciamiento, que fueron cuestionados durante toda la vista por los líderes independentistas encabezados por Carles Puigdemont y Quim Torra, que tachó el juicio de "farsa".

El también presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena ha considerado que el juicio del "procés" no es sino "el paradigma de esos miles de procesos que se celebran todos los días en nuestro país, dirigidos por jueces anónimos, que se construyen sobre los pilares de la responsabilidad, dedicación, profesionalidad y búsqueda constante de la protección de los derechos de los ciudadanos, sin distinguir entre grandes y pequeños pleitos".

Igualmente Segarra ha defendido que la Fiscalía "ha actuado de manera autónoma, interpretando y aplicando las leyes conforme a criterios estrictamente jurídicos, fijados a través del libre debate entre excelentes profesionales del derecho". "Frente a la extraordinaria gravedad de los hechos" que se juzgaron, Segarra ha defendido que la respuesta de la justicia "ha sido la aplicación serena, firme y rigurosa de la ley".

Los problemas de la Justicia

Lesmes no ha dejado pasar la oportunidad de recordar el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial a causa de la parálisis política y ha temido que, de seguir así, pueda "contribuir" a su "descrédito". Más de nueve meses -ha recalcado Lesmes- de un Consejo en funciones que tiene la "crucial tarea" de velar por la independencia de los jueces, y "no debe correr el riesgo de verse debilitado por causas que le son completamente ajenas". Por eso, ha recordado a "todos los poderes públicos" su "obligación" de "preservar las instituciones".

Y como ya es costumbre desde que es presidente del CGPJ, Lesmes ha reclamado una reforma "integral" de una Justicia con una estructura territorial del siglo XIX, que "solo" puede ser "abordada desde un amplio acuerdo político" o "difícilmente" se podrán superar "las deficiencias" que generan "retrasos muchas veces difíciles de entender por los ciudadanos".

En materia de violencia machista, Segarra ha advertido de la "insuficiente o deficiente valoración del riesgo de las víctimas" y ha invitado a reflexionar sobre la suficiencia "de los medios disponibles y su irregular despliegue" en el territorio. "No podemos ocultar", ha reconocido Segarra, que de las 49 mujeres asesinadas el año pasado, solo 16 habían formulado denuncia, una cifra que, sin embargo, supone "un incremento" en casi 12 puntos (del 20,75 al 32,65 por ciento).