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Policías nacionales y guardias civiles se manifestarán el próximo 26 de noviembre en Madrid para plantear demandas como el reconocimiento del derecho a la jubilación anticipada o la jornada laboral de 35 horas semanales.

La marcha será convocada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

En una rueda de prensa este miércoles, estas organizaciones llamaron a los agentes a exigir que se reconozcan sus derechos como funcionarios y se aborden una serie de "cuestiones fundamentales" que están planteando.

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A este respecto, SUP y AUGC plantean la reducción de la edad de jubilación para guardias civiles y policías nacionales, al igual que el resto de cuerpos policiales autonómicos y locales. También reclaman la jornada laboral de 35 horas semanales que incluye el Acuerdo para la Función Pública.

Otra demanda es la reclasificación del personal de la Escala de Cabos y Guardias del Subgrupo C1 al B, así como de la Escala Básica de la Policía Nacional.

CON LA SEGURIDAD “NO SE JUEGA”

Las organizaciones convocantes indicaron que con la manifestación pretenden trasladar al Gobierno “que con la seguridad pública no se juega” y que “es hora de tomar en serio y reconocer el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

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Destacan que deben homologarse unos turnos de trabajo configurados y estables, una regulación anual del mismo número de horas de servicio que otros policías y para que se cumpla la cláusula tercera y octava del acuerdo de equiparación salarial.

También aluden a que el derecho a la jubilación anticipada debe reconocerse también para los integrantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. El articulado que integra el Real Decreto 8/2015 prevé una reducción de la edad mínima exigida “en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad”.

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Según SUP y AUGC, dicho reconocimiento se ha producido únicamente para las Policías autonómicas, locales y la foral, excluyendo a guardias civiles y policías nacionales.