Proposición de ley de PSOE y Podemos para impedir nombramientos del Poder Judicial en funciones

PSOE y Unidas Podemos presionan al PP para acelerar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ayer el Gobierno avisó de que si los de Casado no desbloqueaban seguirían su hoja de ruta. Hoy Unidas Podemos y PSOE han registrado de forma conjunta una nueva Proposición de Ley en el Congreso para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial cuando haya caducado su mandato, como ocurre en la actualidad.

Con ello, los dos partidos persiguen que el Consejo General del Poder Judicial no pueda realizar nombramientos clave en la cúpula judicial en periodo de funciones y se limite a funciones de mero trámite ordinario.

Los dos grupos parlamentarios pretenden debatir esta proposición de ley antes de que finalice el año, que se une así a la reforma del Poder Judicial que registraron para tratar de desbloquear su renovación, paralizada de momento a la espera de que el PP acceda a desbloquear el relevo del cupo de juristas. De hecho, la limitación de competencias con periodo caducado del CGPJ ya era una cuestión que se recogía en dicha reforma y que ahora, con la nueva iniciativa, se define con mayor precisión.

Las dos formaciones que conforman el Gobierno de coalición exponen en la propuesta que las facultades de proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los Presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los Magistrados del Tribunal Constitucional, "deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones".

La nueva iniciativa para regular únicamente las funciones del Consejo es también decisión de Sánchez, según han informado las fuentes consultadas, al igual que lo fue la de impulsar la reforma del sistema de elección, y la de paralizarla después en busca de un entendimiento con el PP.

Tanto el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, han asegurado esta semana que ya había un acuerdo prácticamente cerrado con el PP, pero que el partido de Casado no quería hacerlo público, y se estaba descidiendo.

Desde Sevilla, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusó este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar “creando un problema” al “intentar atacar la independencia del Poder Judicial simplemente porque quiere mandar en todos los poderes del Estado y no se conforma con el Legislativo y el Ejecutivo aunque vaya en contra de lo que dice la Unión Europea, la Constitución española o la mayoría cualificada de las Cortes”.

Casado defendió que “el PSOE ha desaparecido en manos de un proyecto personal, radicalizado y extremista”. “Sánchez con su partido sanchista crea problemas”, denunció y aseguró que “no merecemos este Gobierno ni a este presidente”.

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, insistió en que el Consejo General del Poder Judicial “lo puede desbloquear Pedro Sánchez y el PSOE”, pero “no quiere despolitizar el procedimiento de elección del CGPJ”.

Ciudadanos tildó de “tropelía” la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para limitar las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial cuando entra en funciones por caducar su mandato, como sucede en estos momentos. Su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, señaló que sometería al Poder Judicial “a una debilidad intolerable”.

Para Ciudadanos, que PSOE y Unidas Podemos quieran evitar este funcionamiento ordinario del Consejo busca en el fondo la “ocupación con ‘k’” de la Justicia por parte de “otros poderes del Estado”, en referencia al Poder Ejecutivo y al Legislativo.

Por el contrario, Iñigo Errejón de Más País apoyará la nueva proposición de Ley de Unidas Podemos y PSOE al considerar que va en la "línea correcta" y ha destacado que al PP "se le acaban las excusas" para seguir bloqueando la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Errejón se ha alegrado por el registro de esta nueva iniciativa, al interpretar que con ello el Ejecutivo de coalición "ha rectificado en un sentido razonable" respecto a la anterior proposición de ley, que erosiona "la división de poderes".