Puigdemont defiende ante el Supremo que la "única solución" es retirar su orden de arresto

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal Supremo que levante la orden de arresto que pesa contra él como "única solución" conforme a la ley de amnistía, y proceda a "declarar amnistiados" todos los hechos que se le atribuyen en el "procés".

La defensa de Puigdemont ha presentado un escrito ante el magistrado que le investiga desde 2017, Pablo Llarena, en el que defiende que la ley de amnistía conduce de manera "inevitable" al borrado de la orden de busca y captura nacional e ingreso en prisión que pesa contra él como procesado en rebeldía por malversación agravada y desobediencia.

Sostiene el letrado Gonzalo Boye que "debe primar el derecho a la libertad personal" y defiende que todos los hechos que se le atribuyen, incluida la malversación, "se encuentran inequívocamente comprendidos" en el paraguas de la amnistía, de modo que solicita el archivo de la causa.

Según el escrito, restringir la libertad personal de Puigdemont con la amnistía en vigor vulneraría los principios de "proporcionalidad y necesidad" e iría en contra de los criterios del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), además de la propia ley de amnistía.

Y ello porque, según sostiene Boye, con independencia de la "inexistencia" de la comisión de delito alguno por parte de Puigdemont en el marco del procés, una lectura "reposada y desapasionada" de la ley de amnistía permite su aplicación para el expresident, ya que los hechos que se le atribuyen están "inequívocamente" comprendidos en la normativa sobre el perdón.

En este sentido, remarca que "no cabe duda" de que los actos de malversación que el Supremo atribuye a los líderes independentistas "ilegalmente procesados" en la causa del procés lo habrían sido con la intención de promover o procurar la celebración del referéndum, por lo que serían amnistiables.

En contra de lo que sostienen los fiscales del procés -que ya han sido apartados de la causa-, Puigdemont coincide con el Fiscal General del Estado al subrayar que no se puede identificar el ánimo de lucro que el Supremo atribuyó a los líderes del procés en su malversación, con el propósito de enriquecimiento, que la ley de amnistía excluye del perdón.

Por este motivo, advierte de que resultaría "arbitraria, ilógica, absurda e irracional" una interpretación por parte del Supremo que pretendiera identificar el propósito de enriquecimiento -excluido de la amnistía-, con el ánimo de lucro, que la ley sí perdona.

Según Puigdemont, la aplicación de fondos públicos para promover el 1-O no puede ser considerada como la búsqueda de un enriquecimiento, siempre que no hubiese un beneficio personal de carácter patrimonial, que en este caso asegura que no se ha producido.

En este sentido, recuerda que el propio Supremo, en un auto de 2023, pese a sostener la "extravagancia" de que había existido ánimo de lucro en los líderes del procés a los que se condenó o procesó por malversación, precisaba que no se daba el propósito de enriquecimiento.

También defiende el escrito que no se les puede atribuir ahora la tesis de que con el procés afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea -otra de las exclusiones para acogerse a la amnistía-, y subraya que la directiva europea que recoge este tipo de casos entró en vigor en España en marzo de 2018 y por lo tanto no se le podría aplicar retroactivamente por hechos de 2017.

Sobre la desobediencia, Puigdemont afirma en su escrito que, con independencia del hecho de que no la cometieron, es un delito que "encaja perfectamente" en el ámbito de aplicación de la amnistía.