Las medidas del Gobierno para paliar el golpe de la inflación entre los más vulnerables solo llegan a unas pocas miles de familias.
La mayoría se da contra el muro de la desinformación y la burocracia, lo que obliga al ejecutivo a repensar el modelo de protección social.
Sólo un 8,3% de las familias españolas han recibido algún tipo de bono energético, aunque el 14% declararon tener problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
La mayoría de las ayudas diseñadas para ayudar a combatir la inflación tienen que pedirla los ciudadanos. Se enfrentan a complicados trámites burocráticos que hacen desistir sobre todo a los más vulnerables y menos formados.
De hecho, apenas unas 5.000 comunidades de vecinos se han pasado a la tarifa regulada del gas, diseñada para beneficiar a 1,7 millones de inmuebles.
Muchas no han cumplido los requisitos exigidos como pasar con éxito la inspección de eficiencia energética, que disparaba los gastos.
Los expertos creen que hay que diseñar ayudas a la carta, en función de las necesidades.