Alberto Reyero dice que las residencias de Madrid están preparadas para cuidar, no para curar

El consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha admitido este martes que las residencias de mayores "no están suficientemente preparadas" para hacer frente a una crisis sanitaria de las dimensiones de la actual del coronavirus y que no hubo suficientes equipos de protección individual (EPI) y test en estos centros en el principio de la pandemia.

Así lo ha indicado en la comisión telemática de la Asamblea de Madrid que se ha celebrado este mediodía. El consejero de Políticas Sociales ha asegurado además que fue él quien pidió al Gobierno regional plan de choque en residencias comandado por la Consejería de Sanidad y reconoce, tras lo sucedido, que hubiera actuado antes contra el coronavirus en estos centros.

Durante su comparecencia telemática este mediodía a petición propia y también solicitada por los grupos de la izquierda en la comisión del ramo de la Asamblea de Madrid, Reyero ha hecho un pequeño relato de actuaciones durante esta crisis en los geriátricos.

"A veces me preguntan si hubiera tomado alguna medida antes. Mi respuesta es afirmativa: sin ninguna duda. Pero también es verdad que, si lo hubiéramos hecho, con toda probabilidad habríamos encontrado una enorme resistencia. Nuestras dos primeras medidas (cierre de centros de mayores y limitación de visitas), no fueron bien recibidas e incluso cuatro días después de la instrucción de las visitas tuve que explicar a plataformas de familiares la necesidad y no el capricho de esa medida, que lo único que perseguía era proteger a los mayores", ha afirmado el consejero.

Entre los datos aportados por el consejero destaca como la pandemia del coronavirus en alrededor redujo en un 40 % las plantillas asistenciales y sanitarias de las residencias de la Comunidad de Madrid, porcentaje resultante de la suma de los trabajadores que han contraído la enfermedad y los que han tenido que aislarse en sus domicilios para pasar una cuarentena.

Reyero informó además que el 22 % de los médicos y el 26 % de los enfermeros que trabajan en residencias de mayores están de baja.

DESCORDINACIÓN E INACCIÓN

Por su parte, los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos) han criticado la "descordinación" e "inacción" del Gobierno regional a la hora de gestionar la crisis del coronavirus en las residencias de la Comunidad de Madrid.

Durante la comparecencia, la diputada de Unidas Podemos-IU Paloma García ha expuesto que las cifras de los mayores fallecidos en centros residenciales le parecen una "barbaridad", fruto de la "descordinación e inacción" por parte del Ejecutivo autonómico, algo que ha derivado en una gestión "negligente y nefasta".

A continuación, el parlamentario de Vox Mariano Calabuig ha indicado que es "imprescindible" una "buena información" para que se tomen decisiones "acertadas", algo que, a su juicio, no ha ocurrido, sino todo lo contrario: "una información incompleta, errónea y una deficiente coordinación" por parte de la Comunidad lo que supone "un fracaso total".

Así, Calabuig ha lamentado los problemas que ha habido en las mismas con los medios sanitarios, la falta de personal, detección, diagnóstico y falta de EPIs.

MÁS LEALTAD POR PARTE DE LA OPOSICIóN

En este punto, desde Más Madrid, el parlamentario Emilio Delgado le ha mostrado al consejero la disposición de todos los grupos para ayudarle en lo necesario, ya que parece que tiene más "lealtad" por su parte que por la de sus "socios de gobierno". Asimismo, le ha indicado que los "números" no sirven para medir el dolor personal pero sí "para dimensionar la magnitud de este fenómeno".

En esta línea, la diputada del PSOE Puri Causapié ha pedido que el Gobierno regional no se mantenga en el conflicto, sino en cooperar en que se haga pública la información de cada una de las residencias de Madrid, algo que ya se hace en otras comunidades autónomas.

"Seguimos teniendo muchas dudas. Durante este tiempo hemos visto situaciones dramáticas y crueles y nunca el Gobierno debería haberlo permitido. No sabemos cuántas residencias hay medicalizadas, ni el personal contratado y no tenemos claro cómo se han aplicado los protocolos de Sanidad y eso no debería derivar nunca en la desatención", ha sostenido.