Sánchez quiere verse con Torra “la primera semana de febrero” en Barcelona
- El Gobierno quiere una amplia revisión del Código Penal
- Aragonès dice que el encuentro es para abordar la independencia de Cataluña mientras Montero asegura que es para tratar mejoras en el “autogobierno” de Cataluña
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este lunes en TVE que quiere mantener la reunión pendiente con el jefe del Ejecutivo del Govern catalán, Quim Torra, en la “primera semana de febrero” en Barcelona.
Sánchez lo volvió a encuadrar en el "diálogo territorial" con todos los presidentes de comunidades autónomas, si bien dijo que, a diferencia de lo que hizo en 2018 al llegar al Gobierno, en vez de citarlos en el Palacio de la Moncloa, se desplazará a las sedes de los Ejecutivos regionales.
El jefe del Ejecutivo restó importancia al retraso en la puesta en marcha de la mesa de diálogo bilateral que acordó con ERC para garantizarse la investidura. Según el acuerdo, esta mesa debía constituirse a los 15 días siguientes de la formación de Gobierno. Pero Sánchez minimizó el retraso y lo achacó a las diferencias en el Ejecutivo catalán. Respecto a la consulta que recoge el acuerdo, Sánchez destacó que si eso llega es porque hay “acuerdos”.
Según ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteará en esa reunión a Quim Torra, mejoras en el “autogobierno” de Cataluña.
"Esto no es una reunión como las otras"
Sin embargo el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este martes que esa reunión es para resolver "un problema político, que es sobre la independencia de Cataluña". "Esto no es una reunión como las otras. El encuentro determinante no es entre el presidente del Gobierno español y una Comunidad Autonóma que tiene problemas autonómicos. Si no que es entre el presidente de España y el presidente de Cataluña, que se sentarán a resolver un problema político, que es sobre la independencia de Cataluña", ha dicho el líder republicano en una entrevista en TV3.
Su compañero de partido y portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en una entrevista en RNE, se mostraba, incluso, dispuesto a apoyar los presupuestos generales del Estado que el Gobierno. Rufián ha dicho que su formación quiere ser útil "y si se cumplen los acuerdos alcanzados y la mesa de negociación marcha, estaremos para ayudar".
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, considera que la reunión entre Sánchez y Torra, evidencia que el jefe del Ejecutivo "está pagando el precio de su investidura" y le ha pedido que acuda al encuentro con la resolución que inhabilita por desobediencia al presidente del Govern catalán. "Si el presidente del Gobierno respeta a la Justicia, a los jueces y al ordenamiento jurídico, se respeta a sí mismo y respeta al país que representa, debería hacerle entrega de esta sentencia para que el señor Torra se entere de una vez por todas que no es presidente de la Generalitat, que ha sido inhabilitado por desobedecer las leyes españolas", ha enfatizado.
García Egea ha preguntado a Sánchez si se reuniría con otro presidente autonómico que también hubiera sido "inhabilitado y condenado". "¿Se reuniría si no fuese Torra? Me gustaría que respondiera porque lo que va a hacer con Torra, creo que no lo haría con ningún otro", ha enfatizado.
El Gobierno quiere una amplia revisión del Código Penal
Mientras, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que el Gobierno prevé una amplia reforma del Código Penal que abarque "todos los capítulos", incluidos los delitos sexuales, los medioambientales y también el de sedición, por el que fueron condenados a prisión los líderes del proceso soberanista en Cataluña.
"El espíritu de la reforma será el de los anuncios del presidente del Gobierno y el que figuraba en el programa electoral", ha advertido Montero.
La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, considera que el propósito de esta reforma es buscar "un indulto por la puerta de atrás" para los políticos independentistas presos, al anunciar una reforma penal que suavice la pena por el delito de sedición.
Coincide en ello, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, que mostró este martes su “indignación” al “comprobar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a rebajar el delito de sedición” para “pagar el precio político” de su investidura, lo que a su juicio implica abogar por “un indulto encubierto” a los líderes secesionistas condenados por el ‘procés’.
